Plazo para el registro ante SENACLAFT y constitución de DOMEL para fiduciarios no financieros y Backoffice
Ponemos en su conocimiento que, con fecha 10 de julio de 2026, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (la “SENACLAFT”) dictó la Resolución N° 66/2026 (la “Resolución”), mediante la cual determinó un plazo máximo para que los fiduciarios no financieros (generales o profesionales) que no se encuentren sujetos al control del Banco Central del Uruguay (el “BCU”), así como los prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos (los “Backoffice”), den cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución N° 54/2026.
Obligaciones alcanzadas y fecha límite de cumplimiento:
Como señalamos en nuestro informe anterior, en el marco de las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.446 (la “Ley de Presupuesto”) y la Ley N° 20.469 a la Ley N° 19.574 (la “Ley Integral Contra el Lavado de Activos”), así como también al artículo 37 de la Ley N° 16.696 (“Carta Orgánica del BCU”), la Resolución N° 54/2026 dispuso la obligación para los sujetos comprendidos en los literales M) y N) del artículo 13 de la Ley Integral Contra el Lavado de Activos de registrarse ante la SENACLAFT y constituir DOMEL en todos los casos, independientemente de que hubieran estado previamente inscriptos ante el BCU.
En el literal M) se encuentran comprendidos los fiduciarios no financieros, generales o profesionales, siempre que no se encuentren sujetos al control del BCU por desarrollar actividades financieras. Por su parte, el literal N) comprende a los Backoffice.
La Resolución dispone ahora, para los sujetos mencionados, un plazo máximo que vence el 31 de agosto de 2026 para dar cumplimiento a los extremos contemplados en la Resolución N° 54/2026.
Consecuencias del Incumplimiento:
Cabe señalar, asimismo, que la Resolución N° 61/2026 de la SENACLAFT, de fecha 26 de junio de 2026, estableció nuevas pautas para la graduación de las sanciones aplicables a los sujetos obligados no financieros por incumplimientos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
En particular, dicha resolución clasifica dentro del elenco de las infracciones más gravosas -infracciones graves- tanto el incumplimiento de la obligación de inscribirse en el Registro de Sujetos Obligados de la SENACLAFT como la falta de suscripción al DOMEL.
En virtud de dicha clasificación, y tomando en cuenta la entidad de la infracción y los antecedentes del infractor, el incumplimiento podrá implicar: i) multas de hasta 20.000.000 UI (aproximadamente 3.315.000 USD); ii) suspensión temporal del sujeto obligado hasta por tres meses; o iii) suspensión definitiva con previa autorización judicial.
A estos efectos, la Resolución N° 61/2026 prevé criterios atenuantes y agravantes que podrán incidir en la determinación de la sanción aplicable en cada caso.
El equipo de Guyer & Regules queda a disposición por cualquier consulta adicional.