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Tercerizaciones en el Sistema Financiero: Proyecto normativo del BCU propone reformular el régimen vigente

Fecha de publicación:
09 de Junio 2026 - 11:00 hs

El pasado 3 de junio de 2026, la Superintendencia de Servicios Financieros (“SSF”) del Banco Central del Uruguay (“BCU”) sometió a consulta pública un proyecto normativo (el “Proyecto”), alineando la normativa bancocentralista con la modificación introducida por la Ley N°20.446 en materia de tercerización de servicios por parte de entidades del sistema financiero, sustituyendo el régimen de autorización previa por uno de comunicación previa.

La modificación propuesta es transversal: se incorpora simultáneamente a cuatro recopilaciones de normas de la SSF (las “Recopilaciones”), alcanzando a la totalidad de entidades bajo su supervisión. Solo quedan fuera las entidades del Sistema de Pagos, reguladas por el Área del Sistema de Pagos del BCU. 1 La normativa propuesta se complementará con dos comunicaciones reglamentarias: una con el modelo de declaración jurada y formulario para la comunicación previa, y otra con el detalle de los servicios que no requieren comunicación previa y de los servicios incluidos en la modalidad SaaS. https://www.guyer.com.uy/informes-&-noticias/bcu-emite-comunicacion-en-materia-de-tercerizaciones-de-servicios 

Según la SSF, el Proyecto no introduce nuevos requisitos sustantivos, sino que tiene por objetivo  sistematizar normas ya existentes. Esto es correcto en materia contractual y de gestión de riesgos. Sin embargo, los ajustes en materia sancionatoria exceden, a nuestro juicio, la mera sistematización y merecen especial atención. 

Los aportes y observaciones al Proyecto podrán presentarse ante el BCU hasta el 24 de junio de 2026, a través del correo electrónico ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el asunto el proyecto al que refieren los comentarios. 

 

1. El nuevo régimen común a las Recopilaciones 

 

Más allá de las particularidades de cada Recopilación -que se reseñan más adelante-, el Proyecto construye un régimen sustancialmente uniforme, estructurado en torno a tres ejes: la definición y el ámbito de aplicación, la comunicación previa y las condiciones para las tercerizaciones. 

a. Definición y ámbito de aplicación 

Cada Recopilación incorpora un artículo marco que habilita a la SSF a establecer las condiciones que deberán cumplirse para la contratación de terceros, y replica la definición legal de tercerización del artículo 2 de la Ley N°17.613 (en su redacción vigente ): la contratación de terceros para la prestación de servicios de tal modo inherentes al giro de la institución que, cuando son cumplidos por sus propias dependencias, se encuentran sometidos a las potestades de regulación y control de la SSF. 

Persiste, sin embargo, la falta de claridad sobre qué servicios configuran efectivamente actividades inherentes al giro. El Proyecto replica la definición legal abierta en lugar de enumerar taxativamente, por la positiva, los servicios alcanzados. La indeterminación de este concepto ha generado históricamente la necesidad de las instituciones de adoptar posturas conservadoras en forma preventiva, informando como tercerizaciones servicios que no necesariamente son servicios inherentes al giro, con los consiguientes costos administrativos. El Proyecto no aprovecha la oportunidad para aportar mayor certeza en este punto. 

En todos los casos se mantiene el principio de que las empresas que presten los servicios tercerizados quedan sometidas, en cuanto a esas actividades, a las mismas normas que rigen cuando son cumplidas por las entidades controladas, con excepción de las de carácter sancionatorio. Asimismo, se reitera que la tercerización no implica en ningún caso exención o limitación de la responsabilidad que la ley o la reglamentación impongan a las instituciones por el incumplimiento de sus obligaciones. 

En cuanto a las prohibiciones de tercerizar, el Proyecto mantiene las existentes en la normativa vigente: la aceptación de clientes está prohibida en todas las recopilaciones (con el matiz en RNMV de que para las sociedades administradoras de fondos de inversión la prohibición rige únicamente cuando los clientes contratan directamente con la sociedad). A esta prohibición general se añaden prohibiciones particulares según el tipo de licencia, que se detallan más adelante. También se prevé la facultad de la SSF de exceptuar determinados servicios del cumplimiento de las exigencias dispuestas, mediante instrucciones. 

b. Del régimen de comunicación previa 

El cambio estructural más significativo del Proyecto es la sustitución del régimen de autorización previa (expresa o tácita) por un régimen de comunicación previa. Bajo el nuevo esquema, las instituciones ya no deberán solicitar autorización a la SSF para tercerizar servicios inherentes a su giro, sino simplemente comunicar la contratación con la antelación que corresponda según el tipo de servicio. 

La comunicación tendrá carácter de declaración jurada, según el modelo de formulario contenido en la comunicación reglamentaria proyectada, y deberá ser firmada por un funcionario que revista la calidad de personal superior. 

 

     i. Comunicación con antelación de 30 días  

 

Como regla general, las instituciones deberán comunicar la contratación de terceros con una antelación de 30 días corridos a la suscripción del contrato. La SSF conserva la facultad de requerir información adicional para verificar la no existencia de apartamientos a las condiciones exigidas, suspendiéndose el plazo mientras se sustancia ese requerimiento.  

Si bien el Proyecto no consagra expresamente una regla de silencio positivo, es dable entender que, transcurrido el plazo de 30 días sin observaciones de la SSF, la institución podría avanzar con la contratación. No obstante, una clarificación normativa expresa sobre este punto sería deseable para brindar mayor certeza. 

Por otra parte, el Proyecto no establece un plazo máximo para la suspensión del plazo de 30 días cuando la SSF requiere información adicional, lo que constituye un punto de incertidumbre operativa relevante, especialmente para la contratación de grandes proveedores internacionales cuyos ciclos de negociación pueden ser extensos. 

 

     ii. Comunicación sin antelación 

 

Como excepción a la regla de los 30 días, cada Recopilación contempla una lista de servicios cuya comunicación podrá efectuarse hasta el mismo día de la suscripción del contrato: 

- Servicios prestados en el país por terceros radicados en él, y servicios prestados por instituciones supervisadas por el BCU. Este supuesto figura en las cuatro Recopilaciones. Sin embargo, la redacción del Proyecto presenta una ambigüedad ya que utiliza la conjunción “y” entre ambas hipótesis, lo que podría interpretarse como requisitos acumulativos. La interpretación correcta, a nuestro juicio, es que se trata de supuestos alternativos y podría simplificarse la redacción unificando ambas hipótesis en una sola. 

- Servicios de debida diligencia. La tercerización de los procedimientos de debida diligencia -esto es, la identificación, verificación y conocimiento del cliente en el marco de la normativa de PLAFT- figura como supuesto de comunicación sin antelación en tres Recopilaciones (RNRCSF, RNMV y RNSR), pero no en la RNCFP.

- Tercerizaciones que impliquen trato directo con clientes por servicios de intermediación en valores, gestión de portafolios o asesoramiento en inversiones. Este supuesto solo figura en la RNRCSF y en la RNMV, lo cual es coherente dado que se refiere a actividades propias de dichos sectores. 

- Servicios en modalidad SaaS o procesamiento de datos sin datos personales. Este supuesto figura en las cuatro Recopilaciones. Comprende dos alternativas: (a) servicios en la modalidad de Software como Servicio (SaaS), según el detalle que se impartirá en las instrucciones; o (b) servicios de procesamiento de datos que no incluyan datos personales de clientes o cuyos datos hayan sido disociados conforme al literal G) del artículo 4 de la Ley N°18.331.  

El proyecto de comunicación reglamentaria enumera taxativamente los servicios considerados SaaS: correo electrónico, mensajería instantánea, almacenamiento y resguardo de archivos, firma electrónica, herramientas colaborativas, herramientas ofimáticas, herramientas de análisis de datos y gestión documental, servicios de autenticación dinámica, y herramientas de control de listas para cumplimiento de PLAFT. Para acceder a este régimen, el servicio debe cumplir como condiciones adicionales (i) contar con un SLA de al menos 99,9% de disponibilidad, y (ii) tener certificación ISO 27001 junto con ISO 27017 o CSA STAR Level 1.  

La redacción de la comunicación proyectada presenta matices que merecen atención. Para los servicios del numeral 1) de la referida comunicación proyectada, el texto dispone que “no están sujetos a la obligación de comunicación previa a la SSF y al cumplimiento de las restantes condiciones”. En cambio, para los servicios SaaS del numeral 2), la Comunicación dice que las condiciones deben verificarse “a efectos de no cumplir con el requisito de comunicación previa”, sin agregar “y al cumplimiento de las restantes condiciones”. Es decir, los servicios SaaS que cumplan las condiciones de certificación y disponibilidad quedarían exentos de cumplir con un determinado plazo de antelación para su comunicación previa, pero seguirían obligados a comunicar (hasta el mismo día de la suscripción) y a cumplir con las demás condiciones del régimen de tercerizaciones (requisitos contractuales, informe de riesgos, etc.). Los servicios SaaS que no cumplan con las condiciones de certificación y disponibilidad quedarían sujetos al régimen general de comunicación con 30 días de antelación. Esta interpretación parece coherente con el texto de las Recopilaciones, pero podría aclararse. 

Cabe observar que la expresión Software como Servicio resulta hoy algo anacrónica: el modelo de servicios en la nube ha evolucionado significativamente, y muchas de las prestaciones actuales se encuadran mejor en categorías como Infrastructure as a Service (IaaS) o Platform as a Service (PaaS). El listado taxativo de servicios podría dejar fuera prestaciones que se pretende abarcar, por lo que sería conveniente adoptar una redacción más amplia a este respecto. 

Asimismo, si bien el cambio a un régimen de comunicación previa responde a la problemática de los plazos extensos que los trámites de autorización para tercerizaciones con el exterior llegaban a insumir, el Proyecto no recoge otras soluciones que podrían agilizar aún más la operativa, como un régimen diferenciado o simplificado cuando el proveedor es una entidad del mismo grupo económico que la entidad supervisada y está supervisada en su jurisdicción.  

Por otra parte, la interpretación prevaleciente en la práctica ha sido que solo quedan fuera del régimen de tercerizaciones aquellos servicios expresamente exceptuados por el BCU. Si el Proyecto no va a enumerar por la positiva qué servicios están alcanzados, sería conveniente ampliar la lista de servicios exceptuados para reducir la carga administrativa sobre contrataciones que razonablemente no configuran tercerizaciones reguladas. 

c. Condiciones contractuales y de gestión de riesgos 

Las condiciones para tercerizar se unifican en un único artículo por Recopilación, con redacción prácticamente idéntica. La estructura del régimen se organiza en tres grandes bloques: (i) cláusulas contractuales mínimas, (ii) políticas de gestión de riesgos, y (iii) informe de evaluación de riesgos. A continuación, se analiza cada uno. 

 

     i. Cláusulas contractuales mínimas (numeral 1) 

 

El Proyecto exige que el contrato con el proveedor contenga diversas cláusulas. Varias de las exigencias contractuales se mantienen incambiadas en el Proyecto, de modo que siguen el lineamiento de las exigencias previstas en el régimen vigente. 

Sin embargo, el Proyecto incorpora novedades y nuevas especificaciones respecto del clausulado mínimo requerido. En materia de compromisos de confidencialidad y protección de datos, el Proyecto aclara que dichos compromisos “no podrán estar condicionados a un plazo de finalización”. Con respecto a la continuidad de los servicios -condiciones y protocolos que aseguren la continuidad de los servicios prestados- se incorpora como cláusula autónoma. En lo que refiere a los derechos de auditoría y acceso irrestricto a los datos se precisa en varios aspectos; por un lado, se incorpora al texto de las Recopilaciones la solución de acceso de solo lectura, exclusivo y sin restricción técnica o administrativa, para servicios prestados en el exterior cuando el contrato no contemple la auditoría irrestricta -solución que hoy provenía de las Comunicaciones N°2022/254 y 2024/103-; por otro lado, se precisa que el acceso irrestricto no podrá estar sujeto a un preaviso. Por último, sobre causales de rescisión -entre las que se debe incluir la instrucción de cese por la SSF- agrega que, cuando el contrato no contemple esta instrucción, la institución deberá asumir la responsabilidad que eventualmente pueda derivarse si la SSF instruye la rescisión de la tercerización. 

Las cláusulas anteriores, con excepción de la responsabilidad de la institución por los servicios prestados por el tercero contratado, serán exigibles también a los contratos con los subcontratistas. Actualmente solo se trasladan algunas cláusulas al subcontrato; el Proyecto extiende la exigencia a todas las cláusulas. En términos prácticos, la mayoría de estas cláusulas no deberían presentar dificultades. Las cláusulas que sí pueden resultar problemáticas son las vinculadas a procesos de intervención, resolución o liquidación de la institución: la obligación del proveedor de continuar brindando el servicio en esos escenarios, y el acceso del responsable de dichos procesos a los datos y la documentación. Estas previsiones son difíciles de obtener en contratos de adhesión con grandes proveedores tecnológicos -como Microsoft, Google o Amazon-, quienes no suelen aceptar compromisos específicos frente a la eventual liquidación de un cliente. 

 

     ii. Políticas y procedimientos de gestión de riesgos (numeral 2) 

 

De forma consistente con lo previsto en la regulación vigente, el Proyecto prevé que las instituciones deberán contar con políticas y procedimientos escritos que permitan asegurar una efectiva identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos -tanto presentes como futuros- asociados a los acuerdos de tercerización. No obstante, el Proyecto precisa que estas políticas permanezcan efectivamente implementadas durante todo el ciclo de vida de la prestación del servicio. 

 

     iii. Informe de evaluación de riesgos (numeral 3) 

 

También en línea con la regulación vigente, el Proyecto prevé que las instituciones deberán contar con un informe de evaluación de riesgos asociado a los servicios tercerizados, pero precisa que dicho informe debe considerar el impacto sobre riesgos operacionales, resiliencia y seguridad de la información. 

 

     iv. Asunción de costos por actividades de supervisión (numeral 4) y comunicación de modificaciones (numeral 5) 

 

Se mantiene la obligación de hacerse cargo de los costos de supervisión en el exterior y de comunicar todo cambio posterior al alcance o condiciones de la tercerización. Asimismo, se mantiene la facultad de la SSF de requerir modificaciones a los contratos con el proveedor y con sus subcontratistas, así como la obligación de conservar a su disposición el contrato, las políticas y el informe de riesgos. 

 

     v. Tercerizaciones con entidades sujetas a regulación y supervisión del BCU 

 

Actualmente, cuando la institución terceriza con otra entidad sujeta a regulación y supervisión del BCU respecto de la actividad tercerizada, solo debe cumplir con una de las cláusulas contractuales mínimas, sin necesidad de contar con políticas de gestión de riesgos ni informe de evaluación. El Proyecto elimina esta excepción: todas las tercerizaciones, incluso con entidades supervisadas, quedarán sujetas al régimen completo. 

d. Procesamiento de datos en el exterior 

Las reglas sobre procesamiento de datos -incluida la posibilidad de mantener una copia local o un punto único de acceso desde el país- se replican en términos equivalentes en las cuatro Recopilaciones y, en lo sustancial, se mantienen sin cambios respecto del régimen vigente. Las novedades se limitan a dos aspectos. Por un lado, el régimen vigente exige probar el plan de continuidad operacional “antes del inicio” de la actividad y, luego, una vez al año; el Proyecto fija un plazo expreso de 60 días corridos desde el inicio para probar con resultados exitosos no solo el plan de continuidad, sino también el plan de recuperación ante desastres, que se incorpora explícitamente. Por otro lado, las pruebas anuales del punto de acceso desde Uruguay pasan a ser más exigentes: deberán verificar, para cada persona habilitada y cada servicio, la posibilidad efectiva de acceder, consultar, descargar y exportar la información. 

Cabe destacar que el Proyecto replica sin modificaciones la definición de procesamiento de datos contenida en la normativa vigente: “la ejecución de cualquier acción sobre los datos que logre una transformación en ellos, incluido el cambio de medio en el que están soportados”. Esta definición, tomada literalmente, es sumamente amplia y podría comprender situaciones que razonablemente no es intención del regulador controlar. Una precisión normativa en este punto -que distinga el procesamiento delegado del mero uso de datos como insumo de un servicio- aportaría mayor certeza y evitaría cargas innecesarias. 

 

2. Particularidades por recopilación 

 

a. RNRCSF – Sistema financiero 

El Proyecto elimina las múltiples versiones del régimen de tercerización que hoy aparecen repetidas para cada tipo de entidad y las reúne en un único cuerpo de normas aplicable a todas las instituciones reguladas bajo dicha recopilación.  

Se mantienen las prohibiciones de tercerizar la aceptación de clientes y la ejecución de operaciones con valores por cuenta de clientes; los representantes de instituciones financieras del exterior -al igual que bajo la normativa actual- tampoco podrán tercerizar el asesoramiento en inversiones, la canalización de órdenes ni la debida diligencia con clientes. Se reordena, asimismo, el capítulo de corresponsales financieros y se actualiza el régimen de la debida diligencia, que pasa también de la autorización a la comunicación previa. Una particularidad propia de esta recopilación es el tratamiento diferenciado de las entidades otorgantes de crédito en materia de procesamiento de datos: las de mayor actividad quedan sujetas al régimen específico del artículo 626.1 vigente (que regula el resguardo de información) y, en consecuencia, están eximidas de la obligación general de mantener una copia de respaldo físicamente radicada en Uruguay; las de menor actividad, en cambio, no tienen condiciones adicionales en materia de procesamiento de datos y quedan fuera del régimen de los artículos proyectados 125.29 y 125.30. 

b. RNMV – Mercado de valores 

También en el mercado de valores el régimen disperso se reúne en un cuerpo único, aplicable a bolsas de valores, plataformas de financiamiento colectivo, intermediarios de valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, fiduciarios financieros, asesores de inversión, gestores de portafolios, cajas de valores y proveedores de servicios de activos virtuales. 

 

     i. Prohibiciones diferenciadas por licencia 

 

El Proyecto mantiene la prohibición general de tercerizar la aceptación de clientes, aplicable a todas las entidades del mercado de valores. En el caso de las sociedades administradoras de fondos de inversión, esta prohibición rige únicamente cuando el cliente contrata en forma directa con la sociedad. A esta prohibición general, el Proyecto añade prohibiciones particulares según el tipo de licencia: las plataformas de financiamiento colectivo no podrán tercerizar la gestión del sistema de negociación; los intermediarios de valores, la ejecución de operaciones con valores por cuenta de clientes; los fiduciarios financieros, la disposición de los activos que integran el patrimonio fiduciario; los asesores de inversión, las dos actividades centrales de su licencia, esto es, el asesoramiento en valores de oferta pública (las recomendaciones personalizadas de compra, venta u otras operaciones) y la canalización de las órdenes que reciben de sus clientes hacia los intermediarios; y los gestores de portafolios, la actividad medular de administrar de manera discrecional las tenencias de valores de sus clientes en su nombre. 

 

     ii. Gestión de activos del Fondo de Inversión 

 

Para las sociedades administradoras de fondos de inversión, el Proyecto elimina la autorización previa y expresa para delegar la gestión de activos del Fondo (artículo 76.6 vigente) y la reemplaza por comunicación previa. Se mantienen los requisitos de idoneidad del tercero (si es local: banco, cooperativa, intermediario o gestor de portafolios; si es del exterior: regulador miembro de IOSCO, firmante del MMoU, país cooperante GAFI) y la prohibición de subcontratar. 

 

     iii. Trato directo con clientes 

 

El Proyecto unifica los requisitos para tercerizaciones con trato directo con clientes en servicios de intermediación, gestión de portafolios o asesoramiento: inscripción y supervisión del tercero en su país, capacitación en normativa uruguaya, prohibición de subcontratar, acceso en línea de la entidad, y -para terceros del exterior- informe jurídico sobre secreto. 

c. RNSR – Seguros y reaseguros 

Se mantiene la prohibición de tercerizar la aceptación de clientes. La debida diligencia pasa de autorización a comunicación previa. 

d. RNCFP – Fondos previsionales 

La contratación de promotores pasa de autorización previa a comunicación previa, manteniéndose la responsabilidad de la administradora por su capacitación y actuación. 

 

3. Nuevo régimen sancionatorio 

 

Este es, a nuestro juicio, el punto que más merece atención. En las cuatro Recopilaciones, el Proyecto sustituye el artículo de multas: si bien elimina el tramo agravado para contratación “sin autorización”, eleva sustancialmente el tope de la multa general, exponiendo cualquier incumplimiento al rango sancionatorio que antes se reservaba para el caso más grave: 

En la RNRCSF: El incumplimiento común pasa de hasta 2/1.000 a 5/1.000 de la responsabilidad patrimonial básica. En la RNMV: El incumplimiento común pasa de hasta 50 veces la multa básica (250.000 UI, aproximadamente USD 39.000) a 130 veces (650.000 UI, aproximadamente USD 100.000). En la RNCFP: El incumplimiento común pasa de hasta 50 veces (250.000 UI, aproximadamente USD 39.000) a 130 veces (650.000 UI, aproximadamente USD 100.000). En la RNSR: El incumplimiento común pasa de hasta 250.000 UI (aproximadamente USD 39.000) a 650.000 UI (aproximadamente USD 100.000). 

Por su impacto, entendemos que este es un punto que debería analizarse con especial atención y ser objeto de comentarios en la consulta. 


1 Las cuatro recopilaciones son: la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF), la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros (RNSR) y la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales (RNCFP). Las entidades del Sistema de Pagos están reguladas bajo la Recopilación de Normas del Sistema de Pagos (RNSP), reguladas por el Área del Sistema de Pagos del BCU.

Permanecemos a disposición para ampliar cualquier aspecto de esta alerta y asistirlos en la preparación de comentarios al Proyecto.  

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