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Tercerizaciones en el Sistema Financiero: nuevo proyecto normativo del BCU

Fecha de publicación:
03 de Noviembre 2026 - 17:00 hs

El 23 de octubre de 2026, la Superintendencia de Servicios Financieros (“SSF”) del Banco Central del Uruguay (“BCU”) sometió a consulta pública un nuevo proyecto normativo (el “Nuevo Proyecto”) que sustituye al puesto a consulta el 3 de junio de 2026 (el “Anterior Proyecto”). Ambos reglamentan el artículo 715 de la Ley N°20.446, que reemplazó la autorización previa de las tercerizaciones de servicios realizadas por las instituciones supervisadas por la SSF del BCU por un régimen de comunicación previa. 

Los cambios se incorporan a las cuatro recopilaciones de normas de la SSF (las “Recopilaciones”), por lo que alcanzan a todas las entidades que supervisa. Solo quedan fuera las del Sistema de Pagos, reguladas por la Gerencia de Sistema de Pagos del BCU.1 

De aprobarse, el Nuevo Proyecto se complementaría con tres comunicaciones reglamentarias: (i) el modelo de declaración jurada y formulario para la comunicación previa (la “Comunicación de Formulario”); (ii) el listado de servicios que no requieren comunicación previa (la “Comunicación de Servicios Exceptuados”); y (iii) el listado de servicios SaaS (Software as a Service) y PaaS (Platform as a Service) exceptuados del preaviso de 180 días (la “Comunicación SaaS/PaaS”). 

Los comentarios pueden enviarse hasta el 6 de noviembre de 2026 a ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el asunto el proyecto al que refieren. 

El Nuevo Proyecto mantiene sin cambios sustanciales respecto del Anterior Proyecto los siguientes puntos: la definición y el ámbito de aplicación, las prohibiciones de tercerizar determinados servicios, el carácter de declaración jurada de la comunicación, la estructura de condiciones contractuales y de gestión de riesgos, la eliminación del régimen simplificado para tercerizaciones con entidades supervisadas por el BCU, las reglas sobre procesamiento de datos en el exterior y las particularidades de cada Recopilación. Por tanto, nos remitimos a nuestro informe sobre el Anterior Proyecto (el “Informe Anterior”), que puede encontrarse aquí. A continuación, nos enfocamos solo en aquellos aspectos que cambian respecto del Anterior Proyecto. 

 

1. Del régimen de comunicación previa 

 

El cambio central está en los plazos. El Anterior Proyecto preveía un preaviso general de 30 días y una lista de servicios que podían comunicarse el mismo día de la firma. El Nuevo Proyecto, en cambio, establece dos niveles: como regla, basta con comunicar antes de firmar el contrato, sin plazo mínimo; pero ciertos servicios críticos deben comunicarse con al menos 180 días corridos de antelación. Como antes, la comunicación es una declaración jurada firmada por personal superior de la institución supervisada. El formulario pide informar, entre otros datos, el proveedor, el alcance del servicio, las subcontrataciones, dónde se alojan o procesan los datos y si existe un proveedor alternativo. 

     a. Regla general: comunicación previa a la suscripción del contrato 

Para la mayoría de los servicios alcanza con comunicar antes de firmar, sin plazo mínimo. En ese sentido, desaparece el preaviso de 30 días para la generalidad de los servicios que las instituciones supervisadas pretendan tercerizar, y se elimina de manera expresa la posibilidad de la SSF de suspender el plazo mientras analiza la información presentada. Según la SSF, al perder estas herramientas de control previo, la supervisión se apoyará más en el control posterior y en la responsabilidad de las propias entidades. 

     b. Excepción: comunicación con una antelación no inferior a 180 días 

Las cuatro Recopilaciones exigen comunicar con al menos 180 días corridos de antelación a la firma los siguientes servicios: 

- “Servicios que involucren el alojamiento o procesamiento masivo de datos de clientes y/o operaciones, alojamiento o cambio del sitio donde se ubica la infraestructura tecnológica crítica hacia otro centro de procesamiento de datos (físico o servicio de nube), salvo las excepciones dispuestas en instrucciones que se impartirán.” 

- “Cualquier otro servicio que cumpla con una o más de las siguientes condiciones:  

          - Refiere a la tercerización de las funciones de gestión de riesgos, de tecnología y/o de seguridad de la información.  

          - En caso de discontinuarse la prestación del servicio, no existe la posibilidad de encontrar un proveedor alternativo o de llevar a cabo la actividad internamente en un tiempo aceptable para el negocio y el apetito de riesgo de la institución.” 

En la práctica, la primera pregunta que cada institución deberá evaluar ante cada potencial contratación será si el servicio entra o no en la categoría de servicios que requieren cumplir con el preaviso de 180 días. Lamentablemente, creemos que la respuesta no será de fácil determinación para las instituciones supervisadas. Los criterios son amplios, no están definidos y la decisión la toma la propia entidad, bajo declaración jurada y con multas mucho más altas en caso de que a posteriori el BCU sostenga una interpretación diferente con relación a la categorización de un determinado servicio. 

Un caso típico puede ser el de una entidad que guarda en la nube los legajos de sus clientes. ¿Es “procesamiento masivo de datos de clientes”? Probablemente sí (atendiendo a la definición amplia de “procesamiento de datos” que mantienen las Recopilaciones), pero sin umbrales (cantidad de clientes, volumen o tipo de datos) la misma duda aparece con un CRM, una herramienta de onboarding digital o una plataforma de envío de comunicaciones. Como la excepción relativa a PaaS solo cubre servicios sin datos personales de clientes, casi cualquier servicio de nube con datos identificados de clientes quedaría sujeto a 180 días. Un criterio objetivo de la SSF evitaría que cada entidad llegue a una conclusión distinta. 

Lo mismo pasa con el “cambio del sitio donde se ubica la infraestructura tecnológica crítica”. Los sistemas centrales (core, transaccionales, canales digitales) pueden estar en un centro de datos propio, en el de un tercero o en la nube, y el supuesto parece apuntar a moverlos de un lugar a otro. Pero ¿cuenta pasar de una región a otra del mismo proveedor, o activar el sitio de contingencia? ¿Y si hay que migrar de urgencia porque el centro de datos falló o el proveedor discontinúa el servicio? Ahí tener que observar un plazo de 180 días de preaviso no parece una opción razonable, y la norma no dice cómo actuar. 

El criterio de las “funciones de gestión de riesgos, de tecnología y/o de seguridad de la información” es probablemente el más difícil, por la vaguedad que implican. La gestión de riesgos es tarea de la institución supervisada y no se delega como tal; lo que se contrata son modelos de scoring, monitoreo de fraude o consultorías. “Tecnología”, leída literalmente, abarca casi cualquier tipo de servicio, y en “seguridad” conviven desde un antivirus hasta un centro de operaciones de seguridad (SOC) tercerizado, por lo que en principio, casi toda contratación tecnológica requeriría cumplir con un preaviso de 180 días. 

El último supuesto -servicios que no podrían reemplazarse “en un tiempo aceptable para el negocio y el apetito de riesgo de la institución”- remite a parámetros de cada entidad. Eso da cierta flexibilidad, pero en desmedro de la seguridad, en tanto dos entidades pueden calificar distinto el mismo servicio y la SSF puede discrepar después. En esta línea, será conveniente que —de prosperar la redacción proyectada— la institución documente internamente la decisión y los argumentos en base a los cuales se tomó la determinación respectiva (el análisis de impacto del plan de continuidad, al que remite el formulario, la estrategia de salida y el informe de riesgos). 

Vale decir que los 180 días corren antes de firmar, así que habrá que cumplir con el preaviso de comunicación sobre un borrador avanzado y negociar con proveedores que no suelen sostener precios por seis meses. Conviene prever el plazo desde el inicio de la compra y cuidar que las cartas de intención o términos preliminares no impliquen “suscribir” el contrato. Sería útil que la SSF aclare qué puede hacerse durante ese período y qué significa su silencio, así cómo proceder en situaciones de urgencia, para las que un mecanismo excepcional protegería la continuidad operativa que la norma busca resguardar. 

Quedan, además, situaciones frecuentes sin resolver: plataformas provistas por la casa matriz o el grupo, cuyas migraciones se deciden en el exterior con calendarios propios; renovaciones automáticas o nuevas órdenes de compra; pruebas de concepto con datos reales; y cambios de subcontratistas de los grandes proveedores, tan frecuentes que no podrían comunicarse uno a uno con seis meses de antelación. 

     c. Excepción a la excepción: servicios SaaS y PaaS exentos del preaviso de 180 días 

La Comunicación SaaS/PaaS permite que ciertos servicios se comuniquen antes de firmar, sin el preaviso de 180 días: (a) servicios SaaS de autenticación dinámica, control de listas para PLAFT y gestión del relacionamiento con clientes; y (b) servicios PaaS de procesamiento de datos sin datos personales de clientes o con datos disociados (literal G del artículo 4 de la Ley N°18.331). Para ello, el servicio debe tener un SLA contractual de al menos 99,9% de disponibilidad con penalidades, y certificación ISO 27001 más ISO 27017 o haber aplicado a CSA STAR Level 1.La excepción es solo de plazo: el resto de las condiciones (requisitos contractuales, informe de riesgos, etc.) se aplican igual. Además, la Comunicación SaaS/PaaS deja sin efecto las Comunicaciones N°2022/254 y N°2024/103, que hoy eximen de autorización expresa a ciertos servicios SaaS (correo electrónico, almacenamiento de archivos y firma electrónica, entre otros) y al procesamiento de datos sin datos personales de clientes. 

El listado no incluye un tratamiento especial para las tercerizaciones intragrupo con entidades supervisadas en su jurisdicción, que ya habíamos sugerido en el Informe Anterior. 

     d. Servicios excluidos: sin obligación de comunicación previa 

La Comunicación de Servicios Exceptuados lista los servicios que no requieren comunicación previa ni cumplir las demás condiciones: servicios generales (vigilancia, limpieza, mantenimiento, mensajería y servicios públicos), apoyo administrativo (sueldos, compras, capacitación y selección de personal), investigación de mercado y publicidad sin acceso a datos individualizados de clientes, asesoría jurídica, fiscal, contable y económico-financiera, exámenes médicos, impresión y distribución de comunicaciones comerciales no vinculadas con información de clientes, mantenimiento de equipos y software utilitario sin acceso a datos, y custodia de documentos no relacionados con operaciones de clientes ni registros contables. Aunque formalmente reemplaza la Comunicación N°2020/030, hoy vigente, no cambia su contenido. 

 

2. Condiciones contractuales y de gestión de riesgos 

 

Para tercerizar, el Nuevo Proyecto exige: (i) un contrato con las cláusulas mínimas, que también se exigen a los subcontratos (y en varios casos su inclusión puede ser resistida por distintos proveedores); (ii) políticas y procedimientos escritos de gestión de riesgos; (iii) un informe de evaluación de riesgos; (iv) asumir los costos de la supervisión en el exterior; y (v) comunicar los cambios posteriores. Esto aplica a todas las tercerizaciones, incluso con entidades supervisadas por el BCU (valiendo la pena recordar que al día de hoy para las tercerizaciones con entidades supervisadas por el BCU no se requiere cumplir con la totalidad del clausulado mínimo).  

Frente al Anterior Proyecto, solo cambian dos cosas: el informe de riesgos debe fundamentar si el servicio entra o no en los supuestos que requieren un preaviso de 180 días, y los cambios posteriores deben respetar el preaviso que corresponda, lo que podría llevar a 180 días ajustes o renovaciones de servicios críticos, incluso cuando los decide el proveedor (por ejemplo, al reubicar sus centros de datos). Convendría aclarar que el preaviso aplica solo a cambios materiales. Como en el Anterior Proyecto, no hay disposiciones transitorias para los contratos vigentes. 

 

3. Particularidades por recopilación 

 

Fuera de los cambios comunes ya mencionados, el Nuevo Proyecto no modifica las particularidades de cada Recopilación, por lo que nos remitimos al Informe Anterior. 

 

4. Régimen sancionatorio 

 

Las multas vuelven a subir. Sus topes son unas diez veces mayores que en el Anterior Proyecto (en la RNMV, por ejemplo, pasan de 130 a 1.300 veces la multa básica). La SSF lo justifica en que, sin preaviso de 30 días ni suspensión del plazo, la supervisión se apoya más en el control posterior y en la responsabilidad de las entidades, y en la necesidad de reforzar el efecto disuasorio, sobre todo cuando se trata de funciones o servicios críticos. Los nuevos rangos son: 

- RNRCSF (artículo 684.1): entre 1/1.000 y 5% de la responsabilidad patrimonial básica para bancos. 

- RNMV (artículo 374.1): entre 26 y 1.300 veces la multa básica del artículo 357 (es decir, entre 130.000 UI y 6.500.000 UI, aproximadamente entre USD 21.700 y USD 1.086.000). 

- RNSR (artículo 162.3): entre 130.000 UI y 6.500.000 UI (aproximadamente entre USD 21.700 y USD 1.086.000). 

- RNCFP (artículo 192.2): entre 26 y 1.300 veces la multa básica del artículo 168 (es decir, entre 130.000 UI y 6.500.000 UI, aproximadamente entre USD 21.700 y USD 1.086.000). 

 

 

 

 

1 Las cuatro recopilaciones son: la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF), la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros (RNSR) y la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales (RNCFP). Las entidades que integran el Sistema de Pagos están reguladas bajo la Recopilación de Normas del Sistema de Pagos (RNSP), reguladas por la Gerencia del Sistema de Pagos del BCU. 

 

 

 

Quedamos a disposición para ampliar cualquier aspecto de esta alerta y para ayudarlos a preparar comentarios al Nuevo Proyecto. 

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