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Nueva reglamentación sobre restricciones al uso de efectivo en ciertas operaciones y negocios jurídicos bajo la Ley de Inclusión Financiera

Fecha de publicación:
20 de Octubre 2026 - 11:00 hs

Con fecha 8 de octubre de 2026, se publicó el Decreto N° 238/026 (el “Decreto”), dictado el 1 de octubre de 2026, que reglamenta los artículos 35, 35 BIS y 38 de la Ley de Inclusión Financiera N° 19.210 (“LIF”). El Decreto sistematiza en un único cuerpo la reglamentación aplicable al régimen de restricción al uso de efectivo, derogándose expresamente los Decretos N°350/017 y 351/017.

 

1. Antecedentes

 

Desde el 2014, con el dictado de la Ley de Inclusión Financiera N° 19.210 (“LIF”) se reguló topes para el uso de efectivo, así como la forma en que varios pagos de operaciones y negocios jurídicos en general (excepto casos puntuales) debían realizarse, y las consecuencias de su incumplimiento. En su redacción original, la LIF prohibía el uso de efectivo en operaciones de UI 40.000 o más en las que interviniera una empresa, y exigía medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden en operaciones de UI 160.000 o más. En la compraventa de inmuebles y vehículos por más de UI 40.000, solo se admitían medios de pago electrónicos, cheques certificados o letras de cambio bancarias cruzadas (figura esta última que suscitó diversos cuestionamientos desde el punto de vista del derecho cambiario), que debían individualizarse en el instrumento bajo pena de nulidad.

Luego, en el año 2020, la Ley de Urgente Consideración N° 19.889 (“LUC”) modificó la LIF: eliminó la obligación de usar medios de pago específicos (incluso en inmuebles, vehículos y arrendamientos) y dejó solo un tope general al uso de efectivo de UI 1.000.000 por operación, aplicable también a los movimientos de fondos en sociedades comerciales (aportes de capital, pago de utilidades, etc.).

Finalmente, la Ley N° 20.469, de 19 de marzo de 2026 -actualmente vigente-, redujo sensiblemente ese tope: hoy el efectivo solo puede utilizarse hasta un monto equivalente a: (i) UI 200.000, o (ii) hasta el 5% del valor total de la operación siempre que no supere UI 450.000, y el saldo debe pagarse por otros medios distintos al efectivo. No se encuentran reguladas operaciones respecto de las que se exijan medios de pago específicos.

El Decreto adecua la reglamentación a este nuevo régimen -hasta ahora dispersa en los Decretos N° 350/017 y 351/017, dictados cuando la LIF fijaba topes de UI 40.000 para el uso de efectivo y de UI 160.000 para exigir medios de pago específicos-, regula la situación de las operaciones celebradas antes del cambio y reúne en un solo texto las excepciones al régimen.

 

2. Restricción al uso de efectivo

 

Se entiende por efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacional o extranjera. En cualquier operación o negocio jurídico, sea cual sea la naturaleza de las partes, el efectivo puede utilizarse hasta un monto equivalente a UI 200.000 o hasta el 5% del valor total de la operación con un máximo de UI 450.000; basta con cumplir cualquiera de los dos límites, y el saldo deberá pagarse por otros medios distintos del efectivo. Tal como ya estaba regulado con anterioridad, en las sociedades comerciales, la restricción también alcanza los ingresos y egresos de dinero por aportes de capital (con o sin prima de emisión), aportes irrevocables, adelantos de fondos, reintegros de capital, pago de utilidades y de participaciones sociales, exclusión, receso, reducción, rescate y amortización de acciones, y otras operaciones similares.

 

3. Medios de pago y fraccionamiento

 

El Decreto aclara cómo se computan los límites en varias situaciones frecuentes en la práctica:

- Se establece que la retención que efectúe un escribano para cancelar tributos, gravámenes, interdicciones u otras deudas o gastos vinculados a la operación no se computará para los límites.

- La entrega de dinero en préstamo queda sujeta a la restricción, al igual que toda entrega de dinero que sea consecuencia de una operación alcanzada o que dé lugar a su nacimiento o perfeccionamiento.

- En particiones o permutas con soulte (permutas en las que además de la entrega del bien se entrega una suma de dinero), se considerará el importe de la soulte.

- Los pagos fraccionados se acumulan a los efectos de la restricción, salvo en servicios de tracto sucesivo documentados mensualmente o en los períodos autorizados conforme al artículo 3° del Capítulo II del Título 10 del Texto Ordenado 2023 (es decir, los que habilite el Poder Ejecutivo como modalidades especiales de facturación, según las formas de cobro convenidas), en cuyo caso se considera el monto de cada documento individualmente.

 

4. Documentación de las operaciones

 

Los documentos que instrumenten la operación deberán individualizar los medios de pago utilizados, indicando su número identificatorio, el importe pagado, la institución de la que provienen los fondos y, si quien emite o recibe el medio de pago no es parte de la operación, la identificación de ese emisor o receptor, conforme a la reglamentación de los organismos competentes. Esta exigencia no rige para operaciones que quedan por debajo de los umbrales de la restricción por uso de efectivo. Cuando exista saldo de precio, alcanza con dejar constancia del cumplimiento del Decreto, sin necesidad de individualizar los medios con que se cancelará ese saldo. El Decreto no define qué debe entenderse por “número identificatorio”, lo que previsiblemente se traducirá en indicar, por ejemplo, el número de cheque, los números de cuenta o el número de referencia de la transferencia. Cabe señalar que la LIF solo refiere a la individualización de los medios de pago, por lo que sería deseable que los organismos competentes precisen el alcance de este requisito.

 

5. Inscripción en los Registros Públicos

 

Los Registros Públicos no inscribirán en forma definitiva las operaciones que superen los límites de uso de efectivo o que no contengan esa individualización, la cual debe figurar tanto en el instrumento como en la minuta registral prevista en el artículo 92 de la Ley N° 16.871 (en la redacción dada por el artículo 305 de la Ley N° 20.212). El Decreto prevé dos vías de regularización: (i) las omisiones -así como el uso de medios de pago admitidos sin las cláusulas o formalidades exigidas, siempre que se cumpla la sustancia de las condiciones y se identifique plenamente a quien paga y a quien cobra- pueden subsanarse mediante certificación notarial agregada al documento, con copia a la minuta; y (ii) si se utilizaron medios de pago no admitidos, la inscripción definitiva solo procederá contra la presentación del comprobante de pago de la multa. Además, los Registros, por intermedio de la Dirección General de Registros, deberán informar a la SENACLAFT los incumplimientos detectados y las novaciones con títulos valores que, en conjunto, superen los límites.

No se prevén por el momento -en otras operaciones distintas a las registrables- consecuencias jurídicas negativas por no contar con la individualización referida en el punto 4 anterior.

 

6. Excepciones

 

El Decreto reúne en un único artículo las excepciones al régimen. La restricción no se aplica cuando:

- una de las partes sea una institución de intermediación financiera, una institución emisora de dinero electrónico o una entidad regulada por el BCU que preste servicios financieros de cambio, crédito o transferencias domésticas y al exterior;

- se trate de operaciones entre casinos habilitados en el país y sus clientes;

- se enajenen inmuebles por expropiación, o se trate de enajenaciones de inmuebles y contratos otorgados por el MVOT como enajenante en sus programas habitacionales, cuyo precio se integre con préstamos y subsidios de esa Cartera; o

- una de las partes sea una empresa cuya actividad principal sea prestar dinero, en tanto esté vinculada a alguna de las entidades financieras mencionadas en el primer punto. La vinculación se configura cuando las partes están sujetas, directa o indirectamente, a la dirección o control de las mismas personas, o cuando estas -por su participación en el capital, sus derechos de crédito, sus influencias funcionales o de otra índole, contractuales o no- tienen poder de decisión para orientar o definir sus actividades.

 

7. Unidad Indexada y moneda extranjera

 

La LIF solo dispone que los valores en UI se convierten según la cotización del primer día de cada mes, sin precisar a qué mes debe atenderse. El Decreto lo resuelve: se tomará la cotización de la UI al primer día del mes en que se celebre u otorgue la operación o negocio jurídico. Por su parte, las operaciones en moneda extranjera se convertirán a la cotización interbancaria billete del último día hábil anterior al de la operación.

 

8. Sanciones

 

Pagar o cobrar por medios no admitidos se sanciona con una multa del 25% del monto abonado o percibido de esa forma. La LIF fijaba ese porcentaje o UI 10.000 como máximo; el Decreto agrega que la multa tendrá como mínimo un monto de UI 1.000, o de UI 10.000 en caso de reincidencia. Quien paga y quien cobra son solidariamente responsables. La Administración Tributaria es la autoridad competente para sancionar y puede requerir información a las entidades administradoras de los medios de pago admitidos. Las infracciones prescriben a los cinco años de cometidas.

 

9. Entrada en vigencia y régimen transitorio

 

Los nuevos límites rigen para los pagos efectuados desde el 20 de abril de 2026 en operaciones o negocios jurídicos, preliminares o definitivos, celebrados u otorgados desde esa fecha en tanto a dicha fecha fue cuando entró en vigencia a la Ley No. 20.469. No alcanzan a los pagos posteriores a dicha fecha correspondientes a operaciones otorgadas con fecha cierta anterior, ni a las que acrediten haberse otorgado antes por los medios que prevé el Decreto (entre otros, documentos con intervención de una institución de intermediación financiera, documentos auténticos o ratificados, o comprobantes de servicios estatales vinculados al bien con declaración jurada de posesión previa).

Por su parte, quienes hayan pagado en efectivo, antes del 20 de abril de 2026, montos que superen los nuevos límites en operaciones sin fecha cierta (por ejemplo, una seña en una promesa firmada en documento privado), deberán obtener fecha cierta para esos pagos antes del 31 de diciembre de 2026, a fin de acreditar que se realizaron bajo el régimen anterior. De no hacerlo, esos pagos podrían quedar alcanzados por el nuevo régimen, con riesgo de multa y de no obtener la inscripción definitiva. Los impuestos de DGI que generen esas operaciones podrán pagarse y declararse en plazo contado desde la fecha en que los pagos adquieran fecha cierta.


Permanecemos a disposición para asesorar sobre el alcance de esta reglamentación y sus implicancias para las operaciones alcanzadas.

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