Operadores financieros: el BCU somete a consulta un proyecto normativo que regula la captación de recursos del público por fuera del mercado de valores
Ponemos en su conocimiento que, con fecha 21 de octubre de 2026, la Superintendencia de Servicios Financieros (la “SSF”) del Banco Central del Uruguay (el “BCU”) publicó un proyecto normativo (el “Proyecto”) que introduce modificaciones a la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (la “RNMV”) con el objetivo de regular a una nueva categoría de sujetos supervisados: los operadores financieros.
El Proyecto reglamenta la ampliación del perímetro regulatorio del BCU introducida en el artículo 37 de la Ley N° 16.696 (Carta Orgánica del BCU) por el artículo 693 de la Ley N° 20.446 de 16 de diciembre de 2025 (Ley de Presupuesto), estableciendo las condiciones de inscripción, funcionamiento y control de los operadores financieros.
Recordamos que esta reforma tuvo su origen en el anteproyecto anunciado por el BCU el 13 de agosto de 2025, motivado –entre otros– por los esquemas de captación de ahorro público para inversiones en el sector real de la economía (como las denominadas “inversiones ganaderas”), del cual publicamos oportunamente nuestro informe con fecha 9 de septiembre de 2025. En línea con lo entonces adelantado, el Proyecto recoge la definición de operación financiera inspirada en el denominado Howey Test, un régimen escalonado de acceso restringido a inversores que cumplan determinados umbrales y un régimen sancionatorio con multas de hasta 13.000.000 UI.
Los aportes y observaciones al Proyecto podrán presentarse al BCU hasta el 6 de noviembre de 2026, a través del correo electrónico ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el asunto el Proyecto al que refieren los comentarios.
A continuación, resumimos los principales aspectos del Proyecto.
1. Concepto de operador financiero y condiciones para captar recursos
El nuevo artículo 51.1 de la RNMV recoge la definición legal: son operadores financieros las personas físicas o jurídicas, así como los patrimonios de afectación independientes que, aun sin emitir valores, realicen operaciones financieras convocando a la inversión o recibiendo financiamiento mediante la captación de recursos del público en general o de ciertos sectores o grupos específicos de éste. A su vez, se entiende por operación financiera toda transacción que implique el desembolso de recursos a cambio de una oferta con expectativa de rentabilidad (fija, variable o contingente) cuya realización efectiva dependa, total o parcialmente, del esfuerzo, gestión o actividad de un tercero.
Sobre esa base, el Proyecto permite a los operadores financieros captar recursos del público sin recurrir a los mecanismos del mercado de valores siempre que se cumplan dos condiciones acumulativas. En primer lugar, el monto vigente de los recursos captados no podrá superar 100.000.000 UI (a la fecha de este informe, aprox. US$ 16.000.000) por cada tercero de cuyo esfuerzo, gestión o actividad dependa la rentabilidad esperada; nótese que el límite no se fija por operador, sino por cada tercero (por ejemplo, cada productor o emprendimiento que gestiona el negocio subyacente). En segundo lugar, los recursos solo podrán provenir de inversores que, al momento de contratar, cuenten con activos financieros no inferiores a 4.000.000 UI (a la fecha de este informe, aprox. US$ 600.000) o, en el caso de personas físicas, aplica el mismo límite sobre activos financieros además de un límite alternativo de ingresos anuales no inferiores a 1.500.000 UI (a la fecha de este informe, aprox. US$ 250.000). Los recursos que excedan el límite por tercero (es decir, 100.000.000 UI), así como la totalidad de los provenientes de inversores que no cumplan los umbrales antes mencionados, deberán canalizarse a través del mercado de valores. Se aclara, además, que la inscripción como operador financiero no habilita a realizar oferta pública de valores ni otras actividades sujetas a autorización específica.
Los operadores financieros deberán actuar con lealtad y ética comercial y formalizar su relación con inversores y demás participantes del negocio mediante contrato escrito. Les estará prohibido realizar intermediación financiera y disponer de los fondos de los clientes para un fin distinto al pactado.
2. Inscripción y requisitos de funcionamiento
Los operadores financieros deberán inscribirse, antes de iniciar actividades, en un registro público a cargo de la SSF. La solicitud deberá acompañarse, entre otros, de estados contables auditados, el manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (“PLAFT/PADM”) con la designación de un oficial de cumplimiento, la nómina de los terceros de cuya gestión dependa la rentabilidad (con descripción del negocio, sus riesgos y el monto previsto a captar), los modelos de contrato con inversores e información sobre accionistas, beneficiarios finales y personal superior. La inscripción solo se otorgará una vez constituidas las garantías y el depósito en el BCU que mencionamos en el numeral 3 siguiente. Quienes ya se encuentren operando dispondrán hasta el 30 de junio de 2027 para solicitar la inscripción y podrán continuar operando mientras se tramita.
En cuanto a su operativa, deberán mantener cuentas bancarias o instrumentos de dinero electrónico independientes que separen los fondos propios de los de clientes, y estos últimos no podrán permanecer en su poder por más de 48 horas, salvo aceptación expresa del cliente y siempre que ello no implique desvirtuar la operativa.
El Proyecto regula también la apertura y cierre de dependencias en el país y en el exterior, la cancelación de la inscripción y la tercerización de servicios, replicando en este último caso el régimen aplicable a otras entidades supervisadas (comunicación previa a la SSF, contenido contractual mínimo y requisitos adicionales para el procesamiento de datos en el exterior), con la prohibición de tercerizar la aceptación de clientes.
3. Garantías, depósito y gobierno corporativo
El Proyecto exige constituir y mantener una garantía a favor del BCU no inferior a 1.500.000 UI (a la fecha de este informe, aprox. US$ 250.000), más una garantía adicional de 150.000 UI (a la fecha de este informe, aprox. US$ 25.000) por cada tercero de cuyo esfuerzo, gestión o actividad dependa la rentabilidad esperada, que deberá constituirse antes de captar recursos vinculados a este. Así, por ejemplo, un operador que capte recursos para negocios gestionados por tres terceros debería mantener garantías por al menos 1.950.000 UI. Las garantías podrán consistir en prenda sobre depósitos o valores públicos nacionales en UI depositados en el BCU y se mantendrán hasta un año después de la pérdida de la calidad de operador financiero (la adicional se libera un año después de canceladas las operaciones del tercero respectivo). Se exige además un depósito a la vista en el BCU no inferior a 50.000 UI.
Los operadores financieros deberán, asimismo, contratar auditores externos y profesionales en PLAFT/PADM inscriptos ante el BCU, e implementar prácticas de gobierno corporativo que aseguren la idoneidad de sus órganos de dirección y sistemas de control interno confiables, así como adoptar un código de ética que deberá publicarse en su sitio web.
4. Protección del inversor y régimen informativo
El operador será responsable de verificar, antes de contratar, que cada inversor cumple los umbrales antes referidos, conservando la documentación respaldante, y el cliente deberá suscribir una declaración jurada en la que manifieste cumplirlos y conocer los riesgos de la operación. Deberá además brindarse a los inversores información clara y veraz sobre los productos, sus riesgos y el modelo de negocio, así como un informe de gestión al menos anual sobre la evolución del negocio, el estado de los activos y la rentabilidad obtenida.
Frente al BCU, se crea un régimen informativo específico que comprende, entre otros, estados contables anuales auditados y semestrales con revisión limitada, un informe de procedimientos acordados del auditor externo, la comunicación de hechos relevantes y la comunicación previa de cada nuevo tercero, con un reporte anual del monto captado por cada uno.
5. Régimen sancionatorio
Quienes, sin estar inscriptos ante el BCU, capten recursos del público o convoquen públicamente a invertir en operaciones financieras podrán ser sancionados con multas de hasta 13.000.000 UI, considerando, entre otros factores, la gravedad de la infracción, el número de personas afectadas, el monto involucrado y el beneficio obtenido. En línea con ello, los operadores solo podrán realizar publicidad a partir de su inscripción. Se prevén además multas específicas por atrasos en la información para la inscripción y en la atención de reclamos, y los operadores quedan sujetos al régimen sancionatorio general de la RNMV.
Permanecemos a disposición para ampliar cualquier aspecto de esta alerta y asistirlos en la preparación de comentarios al Proyecto, así como en la evaluación de su impacto en su actividad.