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Normativa bancaria y financiera: modificaciones en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025

Publication date:
September 09, 2025 - 12:30 pm

Como es de público conocimiento, el Poder Ejecutivo (el “PE”) remitió recientemente al Parlamento el proyecto de ley relativo al presupuesto quinquenal por el periodo 2025-2030 (el “Proyecto”), que contiene propuestas de cambio a varios textos legales con impacto directo en la normativa financiera, bancaria, y de mercado de valores, incluyendo modificaciones a la Ley N.° 16.696 (según fuera modificada, la “Carta Orgánica del BCU”), la Ley N.° 17.703 (la “Ley de Fideicomisos”), la Ley N.° 19.210 (la “LIF”), la Ley N.° 17.948 (la “Ley de Intermediación Financiera”), la Ley N.° 17.613 (la “Ley de Bancos”), la Ley N.° 18.573 (la “Ley de Sistemas de Pagos”), la Ley N.° 17.555 (la “Ley de Reactivación Económica de la Industria de la Construcción”) (en lo que refiere a depósitos de fondos públicos), la Ley N.° 18.627 (la “Ley de Mercado de Valores”), a la Ley N.° 18.212 (la “LIU”), la Ley N.° 18.910 en materia de interoperabilidad (la “Ley de Interoperabilidad”), y el Código General del Proceso (el “CGP”), además de normas generales en aspectos de derecho societario. 

Destacamos que, si bien no surge de la exposición de motivos del Proyecto, los últimos 23 artículos del Proyecto están basados casi íntegramente en un anteproyecto de ley que fuera remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (el “MEF”) directamente por el Banco Central del Uruguay (el “BCU”), tal como fuera anunciado por este último el día 13 de agosto de 2025 (acompañada de un documento con algunas bases de la propuesta) (el “Informe”). Cabe destacar que el anteproyecto remitido por el BCU (disponible en este enlace), devenido ahora en parte del Proyecto, es más abarcativo de lo que fue oportunamente adelantado mediante el Informe.   

El Directorio del BCU en Resolución N.° D-248-2025 explicó que las reformas proyectadas implicaban «adaptar el marco legal vigente a las transformaciones del sistema financiero, la aparición de nuevos actores y tecnologías, y el creciente requerimiento de fortalecer la capacidad regulatoria y supervisora» del BCU, al tiempo que serían un paso estratégico en la visión del regulador para consolidarse como «institución técnica de referencia». Lo anterior representa una expansión del objetivo del Informe, que consistía en propuestas para «fortalecer la protección del inversor y fomentar un ecosistema de financiamiento más dinámico, transparente y seguro para canalizar el ahorro hacia proyectos productivos».   

A continuación, comentamos los principales aspectos de relevancia contenidos en los artículos 688 a 711 del Proyecto. 

 

1. Incorporación de la figura de “Economista Jefe” 

 

El Proyecto prevé la incorporación de un artículo 24 bis a la Carta Orgánica del BCU, creando el cargo de “Economista Jefe”, que sería designado por unanimidad del Directorio tras un llamado público y abierto, dirigido a personas con los requisitos del respectivo perfil que apruebe dicho órgano. 

El procedimiento de selección deberá incluir la presentación de un proyecto de gestión por el periodo del mandato (seis años, renovables por una única vez) y una entrevista personal. El rol que desempeñaría este cargo sería central en el asesoramiento en política monetaria y estabilidad financiera, así como en la comunicación institucional del BCU.  

El artículo 24 bis propuesto aclara que el cargo dependerá directamente del Directorio del BCU, que asesorará al mismo en decisiones sobre política monetaria y estabilidad financiera, teniendo a su cargo la coordinación técnica de los servicios de asesoramiento, investigación económica y estadística a cargo del BCU. 

 

2. Cambios a la normativa del BCU sobre préstamos de última instancia 

 

El Proyecto busca ampliar las operaciones que el BCU puede realizar a efectos de brindar asistencia financiera a instituciones de intermediación financiera en dificultades, modificando el artículo 34 de la Carta Orgánica del BCU, para, por un lado, incorporar nuevas operaciones que el BCU puede realizar en este contexto (incluyendo, a texto expreso, operaciones de repo) y, por otro lado, permitiendo operaciones con valores públicos y privados de oferta pública, además de los instrumentos comerciales tradicionales. 

Asimismo, con relación a otras modificaciones que se buscan introducir, corresponde señalar que:

  • actualmente las operaciones que realice el BCU mediante préstamos garantizados no pueden superar una vez y media el patrimonio neto de la institución objeto de asistencia, mientras que -de aprobarse el texto propuesto en el Proyecto- la limitación referida comprendería a cualquiera de las operaciones de asistencia que el BCU puede realizar; 
  • si bien actualmente la realización de cualquiera de las operaciones de asistencia financiera requiere de la unanimidad de votos del Directorio del BCU, en la propuesta contenida en el Proyecto dicha unanimidad se mantiene salvo para aquellas operaciones que refieren a valores de oferta pública emitidos por el Estado o el BCU; y 
  • el plazo máximo de 90 días previsto actualmente para cualquiera de las operaciones de asistencia financiera, en el Proyecto se mantiene únicamente para los préstamos garantizados. 

 

 

3. Redefinición y ampliación del perímetro regulatorio del BCU 

 

La reforma del artículo 37 de la Carta Orgánica del BCU, que en líneas generales ya había sido adelantada por el regulador en su Informe, introduce cambios sustanciales en el perímetro de entidades y actividades sujetas a regulación y supervisión por parte del BCU. 

3.1. Eliminación de licencias y exclusiones de la órbita de control y supervisión 

En una de las novedades del Proyecto, se excluyen del control de la Superintendencia de Servicios Financieros (la “SSF”) a las entidades que prestan servicios de cofres de seguridad, casas de cambio y fiduciarios profesionales no financieros.  

En particular, respecto a las dos primeras, se propone la eliminación de dichas actividades del perímetro de regulación y supervisión mediante modificación del artículo 37 de la Carta Orgánica del BCU.  

En dicha línea, proponen eliminar estas licencias en tanto  su supervisión tendría un muy bajo impacto en la estabilidad del sistema financiero (y no implicarían riesgos relacionados al lavado de dinero) comparado contra los elevados costos de supervisión que implica para el organismo, sin perjuicio de advertirse que -potencialmente- las entidades que tienen al día de hoy dichas licencias (en particular, las casas de cambio) y desarrollen otras actividades conexas podrán tener que obtener otra licencia regulatoria para el desarrollo -en lo sucesivo- de tal actividad. 

En cuanto a los fiduciarios profesionales no financieros, se propone modificar la Carta Orgánica del BCU a los efectos de excluir a dichos sujetos del perímetro regulatorio, obedeciendo al hecho de que la profesionalización de estos sujetos gira en el negocio de la fiducia de patrimonios de afectación independientes con mandatos determinados, teniendo expresamente vedada la posibilidad de ser fiduciarios de fideicomisos financieros (reservado por disposición legal para entidades de intermediación financiera y sociedades administradoras de fondos de inversión, en virtud del artículo 26 de la Ley de Fideicomisos). 

Asimismo, la modificación propuesta a la Ley de Fideicomisos, modifica el artículo 11 de la referida ley (a efectos de reducir su ámbito de aplicación a los fiduciarios profesionales financieros) y elimina en sede de Registro Público de Fiduciarios a cargo del BCU el registro de personas físicas o jurídicas que sean fiduciarios, en tanto solamente estarían a cargo del BCU (y, por tanto, en el Registro Público de Fiduciarios) los fiduciarios profesionales financieros. 

3.2. Emisores de activos virtuales estables 

El Proyecto prevé la incorporación expresa de los emisores de activos virtuales estables como una nueva entidad integrante del sistema financiero, y por tanto bajo la regulación y supervisión de la SSF, diferenciándolos del dinero electrónico y dotando a la SSF de potestades para dictar la reglamentación específica al respecto. 

En particular, el BCU entiende que la definición de dinero electrónico dada por la LIF en su artículo 2 no se ajusta ni contempla a los activos virtuales estables, siendo necesario por ende introducir regulación específica que defina y determine el órgano competente para la regulación y supervisión de los emisores de activos virtuales estables. 

Recordamos a estos efectos la definición de «activo virtual» dada en la exposición de motivos de la Ley N.° 20.3452, que define a los mismos como «una representación digital de valor o derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido (DLT) o tecnologías similares».

3.3. Ampliación del perímetro regulatorio para incluir las «operaciones financieras» 

Se propone ampliar el perímetro del control sobre personas jurídicas, personas físicas, o patrimonios de afectación independientes que, sin realizar emisión de valores «realicen operaciones financieras convocando a la inversión o recibiendo financiamiento mediante la captación de recursos financieros del público en general o ciertos sectores o grupos específicos de éste», de manera tal que dichos sujetos o entidades capten fondos del público para operaciones financieras, introduciendo una definición legal del término «operaciones financieras» basado en el Test de Howey. 

En esta línea, el Proyecto propone modificar el artículo 37 de la Carta Orgánica del BCU a efectos de incorporar dentro del elenco de entidades que el BCU puede reglamentar y controlar a: 

  • los emisores de valores de oferta pública, pasando a través de la modificación propuesta en el Proyecto a incluir de manera expresa a “valores escriturales con registro centralizado” así como valores escriturales con registro “descentralizado”; y 
  • las personas físicas o jurídicas, y los patrimonios de afectación independientes que, aun sin emitir valores, realicen «operaciones financieras» convocando a la inversión o recibiendo financiamiento mediante la captación de recursos financieros del público en general o ciertos sectores o grupos específicos de éste.   

 

En estos últimos casos, el Proyecto plantea que la SSF podría establecer requisitos diferenciados de información y tipos de inversores a los que se dirija la convocatoria o de los cuales se obtenga el financiamiento, en función del volumen de negocios y su estructuración, pero no aclara ningún parámetro a ser considerado a dichos efectos.  

Asimismo, el Proyecto plantea que la SSF podrá exigir que «dichas operaciones» se canalicen cumpliendo con «los requisitos de registro y de información que las leyes, los decretos y los reglamentos» que dicte el BCU. 

La definición de «operaciones financieras» a los efectos de la determinación de la competencia del BCU, es introducido finalmente como «toda transacción que implique el desembolso de recursos financieros a cambio de una oferta con expectativa de rentabilidad, ya sea fija, variable o contingente, cuya realización efectiva sea, total o parcialmente, producto del esfuerzo, gestión o actividad de un tercero». 

3.4. Modificaciones de las fuentes de fondeo 

Mediante una modificación de las fuentes de fondeo a las que pueden acudir aquellas entidades «no bancarias» referidas en el literal B) del artículo 37 de la Carta Orgánica del BCU, se propone incorporar -como nueva fuente de recursos- a «otros organismos internacionales o nacionales». Recordamos que en su redacción vigente la referida disposición comprende a los «organismos internacionales de crédito o de fomento del desarrollo», en tanto que el Proyecto incorporaría «u otros organismos internacionales o nacionales» antes de la conjunción «o».  

Si bien parecería que el objetivo perseguido es incorporar a los «Organismos Nacionales de fomento del desarrollo» lo cierto es que -tal como quedaría redactada la disposición- se incorporarían a «otros organismos internacionales o nacionales» (no exclusivamente aquellos de fomento del desarrollo), dado que luego de este giro se incluye la conjunción «o» seguido de la referencia a «de fomento del desarrollo». 

 

4. Fortalecimiento de las potestades de fiscalización y sanción de la SSF  

 

En un cambio muy importante, el artículo 38 de la Carta Orgánica del BCU se vería modificado para ampliar las facultades de la SSF en el marco de investigaciones «vinculadas al ámbito de su competencia», incluyendo la posibilidad de –respecto de cualquier persona física o jurídica y patrimonios de afectación independientes–, requerir información, realizar inspecciones, o incautar documentos, con las mismas potestades que la Dirección General Impositiva (la “DGI”).  

En este sentido recordamos que el Proyecto también establece que la DGI queda facultada a pedirle al BCU directamente que le reporte información respecto de cuentas financieras, productos, servicios y cualquier operación, relativas a personas físicas, jurídicas u otras entidades, eliminando la exigencia de que para ello requería de una solicitud judicial de levantamiento de secreto bancario, y se establece que el incumplimiento por parte de las entidades financieras de proporcionar la información requerida será castigado con una multa de hasta mil veces el valor máximo de la multa por contravención (aproximadamente US$ 317.000). 

Asimismo, y en un giro que observamos con marcada preocupación, el Proyecto dispone que «para el ejercicio de esta atribución» no le será oponible a la SSF el secreto profesional. Hacemos notar que ni siquiera la DGI dispone de una dispensa general semejante. Asimismo, existen otros proyectos que permiten el intercambio de información entre organismos del Estado, que, de aprobarse, por esta vía el Estado podría obtener cualquier información de cualquier persona sin limitación alguna. Entendemos que este agregado puede ser sumamente lesivo de derechos fundamentales, donde nuestro sistema requiere de la intervención judicial como mecanismo de protección de los derechos de las personas. 

 

5. Cambios en materia de instituciones emisoras de dinero electrónico 

 

Se proponen modificaciones a la LIF con relación a las instituciones emisoras de dinero electrónico (las “IEDE”) a fin de introducir una precisión respecto de la restricción aplicable respecto de la imposibilidad de realizar actividades de intermediación financiera, captar depósitos, u otorgar créditos.  

En esta línea, el Proyecto propone precisar que no se entenderá por otorgamiento de crédito, a estos efectos, en la medida que se realice sin cargo para los clientes y que tenga un plazo máximo de dos días hábiles: 

  • la acreditación de fondos al instrumento de dinero electrónico (el “IDE”) de sus clientes que las IEDE efectúen, de manera que a los efectos antedichos quedan exoneradas las IEDE de la obligación de simultaneidad entre la emisión del dinero electrónico y la recepción de los fondos por parte del emisor; y 
  • los adelantos que las IEDE acuerden realizar a sus clientes por el período que insuman los procedimientos de liquidación de colocaciones o inversiones que los titulares de dichos instrumentos hayan realizado a través de éstos de acuerdo con la regulación que dicte el BCU. 

 

Finalmente se agrega que el BCU «podrá establecer» requisitos distintos de funcionamiento entre IEDEs «en función de la naturaleza, volumen y riesgos de las actividades que desarrollen», adelantando que la regulación podrá incluir requisitos de capital mínimo, garantías, u otras coberturas. Anticipamos que lo anterior adelanta la intención del BCU de crear categorías de IEDE en función del volumen de actividad, algo que ha realizado para otras licencias. 

 

6. Intercambio de información entre instituciones de intermediación financiera e IEDE 

 

El Proyecto contiene dos disposiciones modificatorias de la LIF y de la Ley de Intermediación que tienen por objeto habilitar, respectivamente, (i) el intercambio de información de las IEDE entre sí y entre éstas y las instituciones de intermediación financiera y (ii) el intercambio de información de las instituciones de intermediación financiera entre sí y entre éstas y las IEDE, y con carácter excepcional, información de saldos, movimientos y operaciones correspondientes a sus clientes, así como la información confidencial que reciban o tengan de dichos clientes, con carácter excepcional y sin necesidad de consentimiento de los clientes, con el objeto exclusivo de investigar y prevenir eventuales conductas delictivas o actividades con apariencia delictiva que se pretendan llevar a cabo a través de esas instituciones, siendo responsables por la divulgación de dicha información a terceros.  

 

7. Actualización de la regulación de grupos económicos 

 

Mediante una modificación en el artículo 1 de la Ley de Bancos, se modifica la supervisión consolidada de grupos económicos, permitiendo a la SSF ejercer potestades regulatorias sobre todas las entidades del grupo, independientemente de su giro, mediante el reemplazo del giro «entidades de intermediación financiera» por «entidades supervisadas» que integran un grupo económico con otras empresas, además de sustituir -por un giro más genérico- las atribuciones con las que cuenta el BCU a efectos de supervisar y fiscalizar a dichas entidades (dejando en lo sucesivo de hacer referencia a la normativa específica bancaria). 

 

8. Cambios en materia de tercerizaciones 

 

En materia de tercerización, mediante una modificación al artículo 2 de la Ley de Bancos, se sustituye la autorización previa para contratar terceros para la prestación de servicios inherentes al giro, por una comunicación a la SSF, quedando los terceros sujetos a la regulación de riesgos aplicable. 

Sujeto a lo que eventualmente disponga el regulador, en principio vemos el cambio (de una autorización previa a uno de comunicación) como positivo respecto de las entidades supervisadas y eficiente en cuanto al «time-to-market» para implementar servicios tercerizados. 

 

9. Cambios introducidos al Sistema Nacional de Pagos 

 

Mediante una modificación a la Ley de Sistemas de Pagos, se propone otorgar al BCU la facultad de implementar y operar directamente sistemas de compensación y liquidación de pagos.

Asimismo, se define el concepto de «repositorio de datos», y se atribuye al BCU la facultad de reglamentar, operar y/o autorizar la instalación de éstos, ya sean centralizados o descentralizados, regulando condiciones diferenciadas según los riesgos y características de cada modalidad. 

A modo informativo, se propone definir «repositorio de datos» como «ubicación, centralizada o descentralizada, donde se almacenan y mantienen los datos (incluyendo, pero no limitándose a, documentos electrónicos, imágenes, cheques electrónicos y otros datos relevantes). Es una entidad de almacenamiento virtual que puede ayudar a gestionar y consolidar datos empresariales críticos. Se utiliza normalmente para almacenar datos que son compartidos por varios usuarios o sistemas y puede ser una ubicación física (como un servidor) o una ubicación lógica (como una base de datos)». 

 

10. Flexibilización para gestión de fondos por el BCU 

 

Mediante una modificación al artículo 80 de la Ley de Reactivación Económica de la Industria de la Construcción, se habilita que los fondos de instituciones públicas puedan ser depositados tanto en el Banco de la República Oriental del Uruguay como en el BCU, eliminando la exclusividad vigente del Banco República del Uruguay. 

Por otro lado, constituyendo una innovación respecto de la propuesta de modificación que remitiera el BCU, el Proyecto elimina el inciso 2° del artículo 80 de la Ley de Reactivación Económica de la Industria de la Construcción que a la fecha permite a la Tesorería General de la Nación a realizar transferencias a bancos del exterior para la cancelación de obligaciones correspondientes a gastos de funcionamiento e inversión, así como el pago de remuneraciones a través de instituciones de intermediación financiera no estatales. 

 

11. Modificación de la definición de “valor” en la Ley de Mercado de Valores 

 

Atendiendo un viejo debate de la doctrina comercialista, el BCU decidió proponer, y el Proyecto recoge, la incorporación del requisito de facilidad de la transmisión en la definición legal de “valor” de la Ley de Mercado de Valores. 

En esta línea, se modifica el artículo 13 de la Ley de Mercado de Valores a los efectos de que la definición de valores comprenda a los bienes o derechos «fácilmente transferibles», dilucidando el alcance de lo que debía entender por «transferible» en la redacción vigente en los ojos del BCU. El agregado resulta de vital importancia para la distinción entre bienes y derechos que pueden considerados como valor o no a los efectos de la Ley de Mercado de Valores, en tanto todo bien o derecho que esté en el comercio de los hombres sería, en principio, una cosa «transferible». 

En definitiva, compartimos que la incorporación del requisito de «facilidad» en la transmisibilidad constituye un paso positivo para delimitar legalmente con mayor claridad el alcance del concepto de valor. 

 

12. Modificaciones a la Ley de Intereses y Usura N.° 18.212 

 

Se modifica la obligación de publicación de tasas de interés y comparativos de créditos, concentrando la difusión en los sitios web institucionales del BCU y la Unidad Defensa del Consumidor, eliminando la publicación en el Diario Oficial y en al menos dos diarios de circulación nacional.  

 

13. Interoperabilidad y competencia en el sistema de pagos  

 

El Proyecto propone ampliar las atribuciones del BCU como órgano rector en materia de interoperabilidad. 

En este sentido, se busca permitir al BCU exigir y regular la interoperabilidad entre todos los agentes del sistema de pagos, considerando la interoperabilidad como un «atributo esencial», en palabras del regulador. Asimismo, el BCU quedará facultado para -entre otros- (i) definir reglas operativas y patrones técnicos que aseguren la interoperabilidad entre los distintos agentes del sistema, y (ii) exigir a los participantes la elaboración, adopción y publicación de dichas reglas, patrones técnicos o criterios de participación en las conexiones, así como su efectiva disponibilidad para los interesados. 

 

14. Modificaciones en materia de comunicaciones judiciales y embargos de cuenta bancaria 

 

Se prevé la implementación de sistemas de interoperabilidad (entendemos, funcionalmente similares al Portal IDI) para la comunicación directa entre el Poder Judicial y las entidades financieras, para eliminar al BCU como intermediario en materia de embargos y otras medidas cautelares, con el objetivo de optimizar recursos y tiempos procesales, en la visión del regulador. 

En este sentido, se proponen modificaciones similares para la Ley N.° 15.982, la Ley N.° 15.903, la Ley N.° 18.803, la Ley N.° 18.244, y los artículos 189.4 y 380 del CGP, introduciendo en todos los casos que el BCU podrá cumplir con sus cometidos mediante la puesta a disposición del Poder Judicial de un servicio de interoperabilidad con los requerimientos de seguridad adecuados que garanticen constancia del día y hora de su notificación al destinatario y la debida reserva, a efectos de que la sede que corresponda pueda directamente comunicarse con las entidades del sistema de intermediación financiera, a efectos de hacer llegar la providencia judicial que decreta el embargo y las relacionadas.  

 

15. Flexibilización del tipo de acciones en sociedades reguladas  

 

El BCU propone solucionar la problemática derivada de la tensión normativa existente entre el requisito legal de determinadas empresas reguladas de mantener sus acciones representadas en títulos nominativos; y la exigencia contenida en el artículo 14 de la Ley de Mercado de Valores de que los valores objeto de oferta pública deban estar representados mediante anotaciones en cuenta (esto es, acciones escriturales). 

Este desfasaje implicaba que aquellas sociedades sometidas a regímenes especiales (se veían impedidas de acceder al mercado de valores mediante la oferta pública de sus acciones, en tanto no podían cumplir simultáneamente con ambas disposiciones. Ello generaba, en la práctica, una barrera de acceso injustificada al mercado de capitales, en tanto las acciones escriturales cumplen, en los hechos, con los objetivos que las normas especiales sectoriales buscan a través de la exigencia de tener acciones nominativas. 

El Proyecto propone eliminar dicha barrera mediante un artículo con alcance general que establece expresamente que todas aquellas sociedades comerciales a las que la ley exija tener su capital representado en acciones nominativas podrán igualmente emitir acciones escriturales. 

Nos permitimos formular una observación en cuanto a la técnica legislativa empleada: entendemos que la solución parece adecuada en cuanto al objetivo perseguido, pero el mecanismo elegido (esto es, un artículo declarativo de carácter general, sin aclaración de su alcance en diversos aspectos) podría generar dudas respecto de su alcance en relación con disposiciones especiales vigentes. Tal vez hubiera resultado más claro armonizar expresamente las normas existentes como la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Comerciales N.° 16.060, en lugar de introducir una cláusula general que busca barrer con las restricciones previas. 

El artículo propuesto dispone que esta norma en particular entraría en vigencia a partir de la promulgación de la eventual Ley de Presupuesto, quedando por lo tanto exceptuado de la regla general de que las normas de dicha Ley comienzan a regir el 1° de enero del año siguiente. 

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El equipo de Guyer & Regules queda a disposición por cualquier consulta adicional. 

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