Informe Especial: COMPLIANCE: Nueva obligación bajo la Ley de Transparencia Fiscal N° 19.484 en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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FEBRERO, 2017

Tal como informamos en informes pasados, el 29 de diciembre de 2016 se aprobó la Ley N° 19.484 de “Aprobación De Normas De Convergencia Con Los Estándares Internacionales En Transparencia Fiscal Internacional, Prevención Y Control Del Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo” (en adelante la “Ley”), cuya entrada en vigencia general tuvo lugar el 1º de enero de 2017, salvo aquellos casos en que se prevén fechas especiales de vigencia, los que fueron informados oportunamente.

La Ley fue finalmente promulgada el 5 de enero de 2017 y publicada en el Diario Oficial el 30 de enero pasado. Por su parte, el decreto reglamentario (cuya relevancia es trascendental tal como se indicó en anteriores informes) aún no ha sido dictado.

Si bien la Ley refiere principalmente a aspectos fiscales, la misma crea en su artículo 38 una nueva obligación (que se agrega a las ya existentes) en cabeza de los sujetos obligados por la Ley 17.835 y sus modificativas a  informar sobre transacciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (“UIAF”) del Banco Central del Uruguay (“BCU”).

ANTECEDENTES

Recordamos que los sujetos obligados a  “informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada” y “las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud” por la Ley 17.835 y sus modificativas son (en adelante los “Sujetos Obligados”):

a) Las entidades sujetas a control del BCU.

b) Casinos.

c) Inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y en general cualquier intermediario en transacciones que involucren inmuebles.

d) Escribanos.

e) Rematadores.

f) Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de antigüedades, obras de arte o piedras o metales preciosos.

g) Explotadores y Usuarios Directos de Zonas Francas.

h) Personas físicas o jurídicas que administren en forma habitual sociedades comerciales o realicen operaciones a nombre y cuenta de terceros.

i) Fiduciarios profesionales.

j) Empresas que presten servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, de transporte de valores y de transferencia o envío de fondos.

k) Personas físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad.

Asimismo recordamos que las obligaciones impuestas por la Ley N° 17.835 y sus modificativas fueron reglamentadas por el Decreto N° 355/010 y por el Banco Central del Uruguay, estableciendo la forma en que los Sujetos Obligados deben cumplir con la obligación de informar, de registrar las transacciones, mantener los respectivos asientos y de identificar debidamente a los clientes, etc. También es de público conocimiento que se encuentra actualmente a estudio del Parlamento un proyecto de ley que regula y modifica las obligaciones de los sujetos obligados (incluyendo una ampliación del elenco de dichos sujetos) en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

NUEVA OBLIGACIÓN DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY N°19.484

El art. 38 de la Ley N° 19.484 establece una nueva obligación para los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas (listados en el apartado anterior) de solicitar a sus clientes “cuando corresponda, como parte de sus procedimientos de debida diligencia, la información resultante del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley”.

Si bien se hace mención a que los sujetos obligados deberán requerir la información resultante del cumplimiento de la presente “ley” y no del presente “capítulo”, entendemos que la referencia debe razonablemente entenderse realizada al Capítulo II de la Ley y no a la totalidad de la Ley. Esto se fundamenta en que los Capítulos I, III y IV refieren sustancialmente a aspectos distintos no compatibles necesariamente con la asunción de una obligación por parte de los Sujetos Obligados, en particular, a aspectos fiscales y a obligaciones de comunicación e intercambio de información impuesta a ciertas entidades financieras, los que ya fueron informados en su oportunidad. No obstante, habrá que esperar al Decreto reglamentario para confirmar dicha interpretación.

En sustancia, bajo el entendimiento mencionado anteriormente, la nueva obligación que impone la Ley a los Sujetos Obligados implica que éstos deberán solicitar a sus clientes, además de los restantes extremos exigidos por la normativa vigente, la información que acredite el cumplimiento de las entidades (residentes y no residentes) con la obligación de identificar inequívocamente a sus beneficiarios finales. Recordamos que los beneficiarios finales son definidos en la Ley como las personas físicas que posean al menos el 15% del capital o equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. En caso que el beneficiario final lo sea indirectamente, también deberán obtener la información relativa a la cadena de titularidad.

Adicionalmente, los Sujetos Obligados deberán requerir de sus clientes, en caso que se trate de entidades que emitan títulos nominativos representativos de su capital, constancia de presentación ante el BCU de los datos identificatorios de los titulares de las participaciones y de su porcentaje de participación.

Por su parte, conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley, indirectamente los Sujetos Obligados no estarían obligados a requerir información que acredite la comunicación antes referida al BCU a: (i) las sociedades personales o sociedades agrarias en que la totalidad de las cuotas sociales pertenezcan a personas físicas (cuando sean sus beneficiarios finales) ni a (ii) las sociedades de hecho o civiles integradas exclusivamente por personas físicas (cuando sean sus beneficiarios finales), todas entidades exceptuadas de efectuar la declaración jurada al Registro que llevará el BCU. Asimismo, tampoco deberán requerir información que acredite la identificación de los beneficiarios finales de (art. 30 de la Ley):

  • Entidades cuyos títulos de participación patrimonial sean propiedad directa o indirecta de sociedades que coticen en Bolsas de Valores nacionales o internacionales de reconocido prestigio, o en su caso de otros procedimientos de oferta pública, cuando los títulos estén a disposición para su venta o adquisición en los referidos mercados.

  • Fondos de Inversión y Fideicomisos constituidos y supervisados en su país de residencia.

  • Los condominios, sociedades conyugales y las sociedades de bienes de concubinos (Ley N° 18.246).

En cuánto a la vigencia de la nueva obligación, entendemos que la misma comenzaría estrictamente a regir sin excepciones a partir del vencimiento de los plazos que tiene cada cliente (al que le fuera aplicable la obligación de informar al BCU) para cumplir con su obligación de reporte al BCU. Dichos plazos serán –según lo previsto en el artículo 42 de la Ley- regulados por el Poder Ejecutivo pero en principio no podrán exceder de los siguientes: (i) 30 de setiembre de 2017 para las entidades con participaciones al portador obligadas a informar por ley 18.930; y (ii) 30 de junio de 2018 para las entidades con participaciones nominativas.

Sin perjuicio de ello, entendemos conveniente que luego de que comience a regir el cronograma (aún antes del vencimiento) se vaya solicitando a los clientes dicha información para el caso que ya lo hubieran comunicado al BCU.