Cambios en el Impuesto al Patrimonio (IP) Agropecuario

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Desde el pasado 30 de junio se encuentra vigente la Ley 19.088 que establece importantes cambios respecto a la exoneración vigente del IP en el sector agropecuario.

¿Quiénes pagaban IP en el sector agropecuario previo a dicha ley?

Desde el año 2001 regía una exoneración general del IP agropecuario. Posteriormente desde el año 2007 con la aprobación de la Ley 18.083 (Reforma Fiscal) continuó vigente la exoneración antes mencionada con la excepción de las entidades no residentes que no sean personas físicas, las entidades residentes que emiten participaciones al portador y las que emiten participaciones nominativas cuyos titulares no son personas físicas (en adelante “entidades al portador”).

¿Quiénes pierden la exoneración a partir de la nueva ley?

A partir de esta ley sólo están exonerados quienes tengan activos afectados al agro por un importe inferior a las Unidades Indexadas (UI) 12 MM (aproximadamente US$ 1.490.000) y siempre que no sean entidades al portador.

A los efectos de analizar si corresponde la exoneración, se considerará exclusivamente el valor de los inmuebles medido a través del valor de catastro del año 2012 ajustado por índice inflacionario agropecuario más el valor de muebles y semovientes de la explotación agropecuaria valuados como el 40% del valor de los inmuebles mencionados (en adelante “activos afectados”). Este ficto del 40% será computado por los propietarios de los inmuebles, realicen o no la explotación, como por quienes realicen la explotación y no sean propietarios.

Tratamiento en caso de Unidad Económico Administrativa (UEA)

Se entiende que existe una UEA cuando las entidades involucradas responden a un interés común que evidencia la existencia de una unidad empresarial subyacente, independientemente de las formas jurídicas

Cuando se verifique la existencia de una UEA y a los efectos de analizar si corresponde o no la exoneración así como el pago de la sobretasa que se crea por esta ley, se deberán sumar los activos de todas las entidades que la integran y posteriormente cada una de éstas tributará el IP en forma individual.

¿Qué particularidades se prevén para la forma de valuar el patrimonio?

En líneas general podemos decir que se mantienen las normas vigentes, pero con la particularidad de que los contribuyentes personas físicas o entidades con participaciones nominativas cuyos titulares sean personas físicas, podrán optar por utilizar las normas de valuación del IP aplicable a las personas físicas, por lo que podrán valuar el inmueble según valor de catastro mencionado antes y los muebles y semovientes en forma ficta como el 80% de dicho valor. El Poder Ejecutivo está facultado para reducir dicho ficto hasta el 40%.

¿Cuál es la tasa del impuesto y quiénes deberán pagar la sobretasa?

Se mantiene la tasa vigente del 1,5% y se faculta al Poder Ejecutivo a reducir en hasta un 50% dicha tasa para el caso de aquellos contribuyentes que tengan activos afectados por hasta 30 MM de UI (aproximadamente US$ 3.725.000).

Conjuntamente con la modificación en la exoneración del IP se crea una sobretasa que varía según el nivel de activos afectados.

Categoría A: Activos superiores a UI 12 MM (aprox. US$ 1.490.000) hasta UI 30 MM (aprox. US$ 3.725.000), alícuota del 0,7%.

Categoría B: Activos superiores a UI 30 MM hasta UI 60 MM (aprox US$ 7.450.000), alícuota del 1%.

Categoría C: Activos superiores a UI 60 MM hasta UI 150 MM (aprox US$ 18.625.000), alícuota del 1,3%.

Categoría D: Activos superiores a UI 150 MM, alícuota del 1,5%.

El caso de la Categoría A solo será aplicable a las “entidades al portador” definidas antes.

Para el caso de la sobretasa no rigen las exoneración vigentes hasta la fecha (ejemplo: inmuebles y bosques de la actividad forestal promovida).