Normativa fiscal a tener en cuenta en la ley de Rendición de Cuentas N° 18.996

  

 

Como ha ocurrido en otras oportunidades, la sanción de leyes de rendición de cuentas (y también en leyes de presupuesto) incluyen normas que modifican el sistema tributario vigente. En esta oportunidad nos proponemos el análisis de las normas fiscales contenidas en la ley 18.996 de Rendición de Cuentas que tiene vigencia a partir del 1° de enero de 2013 (sin perjuicio de excepciones), realizando una breve descripción de los cambios instrumentados en dicha ley.

I.          Facultades otorgadas a la DGI

I.1.       Las llamadas expediciones de pesca

Como se sabe, nuestro Código Tributario en su artículo 68 otorga a la Administración Tributaria (tanto DGI como BPS), las más amplias facultades de fiscalización de los contribuyentes y responsables existentes. En este sentido, la nueva ley dispone que la DGI puede ejercer dichas facultades no solamente en el marco de una inspección a un contribuyente en concreto, sino que además se pueden realizar pedidos de carácter general a grupos de contribuyentes, no rigiendo a su respecto las limitaciones que impone la ley de protección de datos personales N° 18.331.

En este caso se aclara de todas maneras que se deberán proporcionar las razones, mediante el dictado de una resolución fundada.

Adicionalmente, se sanciona el incumplimiento en proporcionar la información solicitada con una multa que podrá ir hasta en mil veces el valor de la contravención prevista en el artículo 95 del Código Tributario. Es de destacar que el Decreto N° 409/012 fijó el valor máximo de la multa por contravención en $ 5.180, lo que implica que el valor máximo por el incumplimiento de la norma en estudio puede llegar a los $ 5.180.000. (aproximadamente 270.000 dólares )

I.2.       El auxilio de la fuerza pública para DGI

Otra norma de la ley señala un cambio importante en la relación que existía entre la DGI y el auxilio de la Policía. Hasta ahora si la DGI quería recurrir en una determinada actuación  inspectiva al auxilio de la fuerza pública, necesitaba pedirlo a través del Poder Judicial quien en definitiva aceptaba o denegaba el pedido, de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Con la normativa sancionada la DGI puede recurrir directamente al auxilio de la fuerza pública. Estimamos que en este caso, se plantea la normativa como una norma de defensa de la labor de los inspectores, pero que no implica darle facultades distintas a las que ya poseían.

II.         Modificaciones en materia de sanciones tributarias

II.1.      Contravención

Otra de las modificaciones importantes, es la que dispone que la infracción de contravención se sancionará tomando cuantitativamente, cada comprobante o documento individualmente considerado.

Esta norma se sanciona para contrarrestar la jurisprudencia reciente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (“TCA”, sentencia 864/010) en la que se señaló que cuando se incurrían en errores formales en la documentación estábamos en presencia de una sola infracción de contravención reflejada en varios documentos. Con esta modificación se entiende que se cometen tantas contravenciones como documentos en los que se contengan los errores formales, aunque de todas maneras la normativa topea la infracción en mil veces el valor máximo ya señalado para la infracción de contravención.

II.2.      Omisión de registrar los Estados contables ante la AIN

La ley de rendición también contiene una norma importante en la medida de que habilita a la DGI a suspender la vigencia del certificado único de estar al día con obligaciones fiscales, cuando la sociedad omita la presentación para el registro de los Estados Contables ante la Auditoría Interna de la Nación.

III.        Normativa sobre Transfer Pricing

Como se recodará la ley 18.083, introdujo en la normativa del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (“IRAE”), normativa que regula sobre precios de transferencia en donde se estableció que los precios de transacciones entre partes vinculadas (sea accionarial o funcionalmente) deben ser fijados con margen de mercado como celebrado entre partes independientes (at arm´s length principle).

En este marco, un mecanismo de prevención de diferendos en esta materia, muy avanzados en Fiscalidad Internacional, lo constituyen los acuerdos anticipados de precios de transferencias (“APAs”). En este sentido la ley en estudio coloca en una norma de rango legal la facultad al Poder Ejecutivo de regular este tipo de acuerdos (artículo 15 bis del Decreto 56/009).

En este marco, se establece la posibilidad de aplicar sanciones por incumplimiento graduándolas según la gravedad del mismo, llegando hasta la posibilidad de la aplicación de una multa de hasta mil veces el valor máximo de la multa por la infracción de contravención ya mencionada.

IV.       Normativa en materia de Zonas Francas

La ley de rendición establece que las actividades comerciales que no pueden desarrollarse fuera de zonas francas, son las de carácter sustantivo, realizadas por sí o a través de terceros, consistentes en la enajenación, promoción, exhibición, entrega de mercaderías y actividades análogas, y cobranza relacionada a dichas operaciones respecto de bienes que tengan por destino el territorio nacional no franco.

En relación a lo anterior se faculta, dentro de los límites y condiciones que establezca la reglamentación al respecto, a los usuarios a realizar las siguientes actividades en forma excepcional: A) Las de cobranzas de carteras morosas siempre que se efectúen a través de terceros; B) Las de exhibición, en la medida que tengan lugar en eventos específicos cuya duración sea inferior a siete días, y siempre que no superen la cantidad de tres por año.

En este orden, la normativa señala que para la realización en territorio no franco de actividades de naturaleza auxiliar, así como aquellas referidas en el inciso anterior, los usuarios deberán requerir la autorización previa en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo.

Es posible señalar que con la redacción de estos preceptos se da claridad en cuanto a que las actividades sustantivas que realice el usuario deben efectuarse dentro del territorio franco y que se podrían realizar en territorio no franco únicamente actividades de carácter auxiliar. Esto proporciona mayores certezas convalidando la interpretación de la doctrina en general (que la DGI también compartió en la Consulta 2.993) de que se podían realizar en territorio no franco actividades accesorias o auxiliares (de tipo administrativo, tales como contabilidad, presupuestos, procesamiento de datos, conciliaciones, facturación y similares).

Está absolutamente claro que el futuro en la discusión se dará en la delimitación del concepto de actividades “sustantivas” y de actividades “auxiliares”.

A diferencia de otros artículos ya reseñados, en este punto se señala que este artículo entrará en vigor recién 180 días a partir de la promulgación por el Poder ejecutivo.

Quedamos a disposición por cualquier aclaración o ampliación que estimen conveniente.