Informe Especial: Memo tributario sobre Ley de Inclusión Financiera

Cra. María Beatriz Viera

 

 

 

 

MAYO, 2014

Cambios tributarios de la Ley de Inclusión FinancieraEl pasado 9 de mayo fue publicada la ley 19.210 que establece normas para promover la inclusión financiera y el uso de medios de pago electrónicos por parte de la población.

Con estos objetivos se establecen requisitos en la forma de contratar y/o pagar, para poder obtener determinados beneficios fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y poder deducir determinados gastos en la liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según el caso, los pagos se deben realizar mediante tarjetas de débito, acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera, instrumentos de dinero electrónico o similares.

En la Ley se define al dinero electrónico como los instrumentos representativos de un valor monetario exigible a su emisor, tales como tarjetas prepagas, billeteras electrónicas u otros instrumentos análogos.

IVA – reducción de la tasa

Se reduce en dos puntos porcentuales la tasa del IVA correspondiente a las enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios realizadas a consumidores finales, siempre que los pagos se realicen mediante tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico o medios análogos.

Esta reducción del IVA aplica también para las enajenaciones de bienes realizadas a los socios de las cooperativas de consumo que se registren electrónicamente, siempre que la enajenación no se financie en cuotas.

Esta previsión rige a partir del 1o de setiembre de 2014.

Además se faculta al Poder Ejecutivo a:

  • incrementar esta reducción para las operaciones por montos inferiores al equivalente a 4.000 unidades indexadas (aproximadamente $ 11.400), hasta dos puntos porcentuales durante el primer año contado desde el 1º de setiembre de 2014, y hasta un punto porcentual en el segundo año;
  • reducir la tasa del IVA hasta dos puntos porcentuales durante el primer año y en hasta un punto porcentual en el segundo año, para el caso de pagos con tarjetas de crédito o similares, por transferencia de bienes y prestaciones de servicios efectuadas a consumidores finales por montos inferiores a $ 4.000 UI; y
  • reducir la tasa del IVA en dos puntos porcentuales, a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por pequeños contribuyentes y por los incluidos en el Monotributo, siempre que el pago se realice con tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico o análogos.

A la fecha existe un proyecto de ley por el cual, si se aprueba, se adelantarían las fechas antes mencionadas para el 1º de agosto de 2014.

IVA – exoneración a intereses

La exoneración de IVA que aplica a las operaciones bancarias se extiende a los intereses de préstamos otorgados por las empresas administradoras de crédito, manteniendo la limitación ya existente de que no aplica a préstamos concedidos a personas físicas que no sean contribuyentes de IRAE o Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA).

Además se exoneran los intereses de los préstamos otorgados por instituciones registradas a estos efectos en la Dirección General Impositiva (DGI) a empresas de reducida dimensión económica y a contribuyentes del IMEBA.

IRPF – crédito fiscal por arrendamiento de inmuebles

Los arrendatarios de inmuebles con destino a vivienda permanente actualmente pueden imputar al pago del IRPF el monto equivalente al 6% del precio del arrendamiento, siempre que se identifique al arrendador. La ley 19.210 agrega una nueva condición para que se pueda imputar este crédito, y es que se pacte y haga efectivo el pago mediante la acreditación en cuenta en una institución de intermediación financiera uruguaya.

Por otra parte, en el caso de subarrendamiento de inmuebles, esta condición también se exige para la deducción en el IRPF del monto del arrendamiento pagado por parte del subarrendador.

Estos nuevos requisitos rigen para ejercicios iniciados a partir del 1o de diciembre 2014.

IRPF – limitación en deducción del costo en venta de inmuebles Cuando se transfieran inmuebles por un precio superior a 40.000 Unidades Indexadas (aproximadamente $ 114.000), sólo se podrá deducir el costo de adquisición en la liquidación del IRPF en el caso que el precio de la compra se haya pagado a través de medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una institución financiera a nombre del comprador.

Este requisito aplica para los inmuebles adquiridos a partir del 1 de junio de 2015.

IRAE – limitación en deducción de determinados gastos La ley establece que no se admitiría la deducción de los siguientes gastos para la liquidación del IRAE, para ejercicios iniciados a partir del 1º de diciembre de 2014.

  1. Los arrendamientos y subarrendamientos pagados no podrán ser deducidos si en el contrato no se establece que los pagos se acrediten en cuenta en una institución de intermediación financiera o si no se hace efectivo el pago por ese medio.
  1. Los gastos por fletes sólo se podrán deducir en la liquidación del IRAE si los pagos se realizan mediante medios de pagos electrónicos o por acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico.
  1. Los honorarios por servicios prestados por profesionales fuera de la relación de dependencia sólo serán deducibles si se pagan por los medios antes mencionados.

Otras disposicionesPagos de tributos nacionales: A partir del 1º de junio de 2015 será obligatorio el pago de los tributos nacionales por un monto superior a las 10.000 Unidades Indexadas (aproximadamente $ 28.500) mediante medios de pago electrónicos, certificados de crédito emitidos por la DGI o cheques diferidos cruzados no a la orden, y la reglamentación podrá admitir la utilización de cheques cruzados no a la orden.

Adquisiciones de bienes y servicios realizadas en el marco de regímenes tributarios especiales: Se faculta al Poder Ejecutivo a exigir que el pago del precio de las enajenaciones de bienes o de las prestaciones de servicios realizadas en el marco de regímenes tributarios especiales (que tengan desgravación total o parcial del IMESI o del IVA), deberá efectuarse a través de medios de pagos electrónicos.

Información a la administración tributaria: El art. 46 de la ley sanciona con una multa de hasta el 25% del monto abonado o percibido por medios distintos a los indicados en el art. 35 (pago de precio de enajenación de bienes o prestación de servicios superiores a 40.000 Unidades Indexadas cuando una de las partes sea persona jurídica o una persona física titular de empresa unipersonal o en calidad de socio de una sociedad, no puede realizarse en efectivo), en el art. 36 (pago de precio superior a 160.000 Unidades Indexadas no puede realizarse por otro mecanismo que no sea a través de medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden), en art. 40 (trasmisión de derechos sobre bienes inmuebles, constitución de derechos reales menores, sesión de promesas, de derechos hereditarios y posesorios sobre bienes inmuebles que superen las 40.000 Unidades Indexadas deberá cumplirse a través de medio de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una Institución de Intermediación Financiera a nombre del comprador) y art. 41 (adquisiciones de vehículos automotores nuevos o usados, de más de 40.000 Unidades Indexadas en iguales condiciones que en el caso de los inmuebles).

Son responsables solidarios los que pagan y los que reciben el pago.

El mismo artículo otorga a la Administración Tributaria la potestad de solicitar información a las empresas que administren medios de pagos electrónicos, y que intervengan en la venta de bienes y prestaciones de servicios regulados en la Ley.

Entendemos que esta norma debe ser interpretada en forma estricta. La administración tributaria solamente puede pedir información para controlar los casos taxativamente indicados en la ley, y respecto de operaciones concretas o contribuyentes concretos respecto de los cuales exista algún tipo de investigación en curso. El fundamento para esta interpretación es que el artículo quedó redactado de una forma distinta al que originariamente estaba en el proyecto y por lo tanto no es posible solicitar información masiva de clientes del banco o de los tarjetahabientes de una administradora de crédito.