Informe Especial: Informe sobre las Modificaciones del Proyecto de Zonas Económicas Especiales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO, 2013

El pasado lunes 22 de Julio, ingresó al Parlamento un Proyecto de Ley (en adelante “el Proyecto”) que establece modificaciones a la Ley de Zonas Francas 15.921, que ahora se llamarían Zonas Económicas Especiales (en adelante “ZEE”).

En dicho Proyecto se introducen importantes ajustes a la normativa vigente, dando promoción a las ZEE que se instalen fuera del Área Metropolitana, concretando el umbral de actividades permitidas y no permitidas, regulando más la actividad de los llamados desarrolladores, señalando cuestiones en relación al plazo de los contratos de usuario, consagrando ajustes en las potestades de fiscalización de la Dirección Nacional de Aduanas (“DNA”) y la Dirección General Impositiva (“DGI”) en dichas zonas, además de innovaciones en relación a la normativa de Precios de Transferencia, entre otras modificaciones.

Es intención de esta entrega abordar someramente las más importantes modificaciones que introduce el Proyecto.

I. Cláusula de estabilidad de los ya usuarios

Los artículos 3 y 4 del Proyecto consagran que durante la vigencia de los contratos respectivos, los usuarios ahora de las ZEE mantendrán todos sus beneficios, exoneraciones tributarias y derechos en los términos acordados, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, en el marco del régimen de zonas francas previsto en la Ley Nº 15.921,

Consideramos que dicho artículo trata de preservar el principio de estabilidad con los beneficios dado que por normativa constitucional como por lo previsto en el artículo 42 del Código Tributario, el Estado podría ser responsabilizado patrimonialmente en caso de quitas de beneficios.

II. Intercambio de Información entre Organismos

En línea con la mecánica de cruce de información con la DGI en todos los ámbitos, el artículo 5 autoriza a la DGI y a la Dirección General de Comercio, del Ministerio de Economía y Finanzas, a intercambiar entre sí información respecto de las actividades realizadas por los desarrolladores y usuarios del sistema de zonas económicas especiales, obtenida en el cumplimiento de los cometidos y funciones de dichos organismos. La Dirección General Impositiva no estará sujeta, en este caso, al secreto de las actuaciones respecto de la Dirección General de Comercio.

III. Potestades de la DNA

 

El artículo 6 señala que en las ZEE será de aplicación la legislación sobre fiscalización y control aduaneros ejercidos por la DNA

 

IV. Precios de transferencia (“PT”)

Los precios de transferencia tratan de combatir el fenómeno de que los precios pactados entre partes jurídica o funcionalmente vinculadas no se pacte como estipulado entre parte independientes (principio de prudencia o arm´s length). Esta normativa está incluida en la normativa referente al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (“IRAE”).

En este marco, y según lo previsto en el artículo 7 del Proyecto, los usuarios de las ZEE, a pesar de estar exonerados, van a tener que hacer estudio de PT si en aquellas transacciones con contribuyentes de IRAE vinculados determina que los precios pactados no son de mercado. Ello implica la posibilidad de abono de IRAE por la diferencia con el precio de mercado, sin importar que el usuario esté exonerado de IRAE. Siguen exonerados de IRAE, pero si por PT hay ajuste, por esa diferencia estarán gravados. Esta normativa aplicaría solo para operaciones con contribuyentes de IRAE que cumplan las causales de vinculación.

V. ZEE fuera del Área Metropolitana

Se consagran importantes beneficios a los efectos de promover el desarrollo de las ZEE fuera del Área Metropolitana. En este marco, se define a los solos efectos de lo dispuesto en el Proyecto, al Área Metropolitana como el área geográfica comprendida en un radio de 40 kilómetros respecto del Centro de Montevideo.

A modo de ejemplo, los Desarrolladores de ZEE localizadas fuera del Área Metropolitana, gravados por IRAE (sin perjuicio de poder solicitar un proyecto de Inversión), tendrán el beneficio en la liquidación de dicho impuesto, de computar por una vez y media su monto real los gastos salariales abonados.

VI. Prórrogas de contratos de usuario directo o indirecto

En el régimen actual se prevé la posibilidad de que los contratos de usuario directo o indirecto sean prorrogables sin aludir a si dicha cláusula operaba automáticamente. En el Proyecto se señala expresamente en el artículo 26 que no se aceptarán en ningún caso, cláusulas contractuales que prevean prórrogas automáticas de contratos de usuario directo o indirecto.

VII. Porcentaje de empleados extranjeros en las ZEE

En el régimen actual, los usuarios de las zonas francas por las actividades promovidas, deberán emplear durante toda la vigencia del contrato y sus prórrogas, un mínimo de 75% (setenta y cinco por ciento) de personal constituido por ciudadanos uruguayos, naturales o legales, a fin de poder mantener su calidad de tales y las exoneraciones tributarias, franquicias, beneficios y derechos que esta ley les acuerda.

Adicionalmente, a partir del Decreto N° 344/010, se señaló que a los efectos del cumplimiento del porcentaje del 75% mencionado se computaría tanto al personal dependiente propiamente dicho como a los directores que ejerzan actividad remunerada en la empresa de acuerdo a lo declarado ante los organismos previsionales.

En casos excepcionales, este porcentaje podrá ser reducido previa autorización del Poder Ejecutivo, atendiendo a características especiales de la actividad a desarrollar y razones de interés general. Reglamentando dicha posibilidad, el Decreto reglamentario N° 454/988 señalaba que: En los casos que un usuario pretenda utilizar personal extranjero en un porcentaje superior al veinticinco por ciento del total de sus dependientes, deberán solicitar por escrito a la Dirección de Zonas Francas expresando las razones en que funda dicha solicitud, quien eleva un informe al Ministerio de Economía y Finanzas para su resolución.

En el régimen proyectado, según la Exposición de Motivos, se quiere fomentar la deslocalización de actividades de los sectores de servicios desde los países desarrollados o incluso desde los grandes países en desarrollo, lo que requiere que se atraiga mano de obra de alta calificación muchas veces proveniente del extranjero.

Para lograr lo anterior, el artículo 27 del Proyecto establece el mantenimiento del porcentaje mínimo del 75% para las actividades industriales y comerciales, y lo reduce a un 50% para las actividades de servicios, manteniendo la posibilidad de que el Poder Ejecutivo admita transitoriamente, de manera fundada, porcentajes menores a los mencionados, pero previendo expresamente que se podrá requerir a los usuarios la implementación de planes de capacitación de trabajadores con el objeto de alcanzar los niveles requeridos.

Estimamos a la modificación proyectada como de importancia, con el añadido de que se torna esencial la diferenciación entre actividades industriales y comerciales y de servicios.