Informe Especial: Informe sobre el Proyecto de Ley con modificaciones en el Impuesto al Patrimonio en el sector agropecuario

El Viernes pasado el Poder Ejecutivo (en adelante “PE”) remitió al Parlamento el Proyecto de Ley (en adelante “PL”) que trae modificaciones muy importantes en el Impuesto al Patrimonio (en adelante “IP”) aplicable al sector agropecuario.

Antecedentes

 Este PL surge a raíz de la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (en adelante “ICIR”) decretada en el mes de Febrero pasado y respecto del cual el PE envió al Parlamento otro Proyecto de Ley para decretar su derogación definitiva y en forma retroactiva

El IP es un impuesto vigente en Uruguay para diferentes sectores de la economía gravando en general al 1,5% el patrimonio localizado en dicho país.

La definición de patrimonio está dada por la diferencia entre los Activos Fiscales – Pasivos Admitidos (existen ciertas restricciones a la deducción de pasivos).

En lo que se refiere al caso del IP sobre el patrimonio afectado al agro recordar cual es la situación vigente a la fecha dado que existen dos grandes grupos de entidades que son:

a) Entidades que actualmente están gravadas por el IP:

  • Entidades residentes cuyo capital está representado por acciones al portador o nominativas cuyos titulares no sean personas físicas;
  • Entidades no residentes, salvo cuando se trate de personas físicas.b) Entidades no nombradas en el literal anterior están actualmente exoneradas del IP (ejemplo: SA con acciones nominativas cuyos titulares son personas físicas, SRL  con cuotas sociales propiedad de personas físicas, persona física directamente como titular del patrimonio afectado al agro, etc).

Modificaciones introducidas por el PL

El PL plantea la modificación del régimen de exoneración del IP para el sector agropecuario tal como está vigente a la fecha y fue mencionado en los antecedentes.

¿Quiénes estarán exonerados a la luz del PL?

En caso de que sea aprobado dicho PL el nuevo régimen de exoneración de IP para el sector agropecuario solo será aplicable para el caso de aquel patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias cuyo valor de los activos no supere las UI 12.000.000 (a la fecha equivalen a un monto aproximado de USD 1.630.000).

A los efectos de analizar en cada caso si corresponde estar exonerado se deberá considerar solamente la suma de:

a) El valor real fijado por la Dirección General de Catastro (en adelante “valor real de catastro”) de los bienes inmuebles rurales propiedad del contribuyente.

b) El valor de los bienes muebles y semovientes de la explotación agropecuaria, valuados al 40% del valor mencionado en el punto a). Este porcentaje lo deberán considerar tanto los propietarios de los referidos bienes inmuebles, realicen o no la explotación, como por quienes realicen la explotación y no sean propietarios.

Los contribuyentes realizarán individualmente el cálculo mencionado, sin perjuicio de que cuando se verifique la existencia de una Unidad Económico Administrativa (en adelante “UEA”), se deberán sumar los activos de cada una de las entidades que la integran.

Se entiende por UEA cuando se responde a un interés común independientemente de las formas jurídicas, es decir que exista control de unos titulares sobre otros que implique la respuesta a un mismo centro de decisión o que estén bajo el control de las mismas entidades o que se ejerza una influencia significativa por parte de unos titulares sobre otros, etc.

En el caso de propietarios de inmuebles rurales bastará que el valor real de catastro supere aproximadamente un valor de USD 1.164.000 para quedar incluidos en el grupo de entidades que se les quitará el beneficio de la exoneración de IP y por ende pasarán a estar alcanzados por dicho impuesto.

A las entidades mencionadas en el literal a) de los antecedentes (Ej: SA con acciones al portador o nominativas que no pertenecen a una persona física) no les será aplicable esta exoneración en ningún caso.

¿Cómo se valúa el patrimonio gravado?

 Una vez definido que se es contribuyente por no cumplir la causal de exoneración mencionada en el punto anterior, corresponderá analizar como se valúa el patrimonio a ser gravado.

En este sentido el PL establece lo siguiente para quienes pasan a estar gravados por el IP:

  • El valor de los inmuebles rurales se computará por el valor real de catastro y en caso de no existir ese valor se computará el precio de costo (generalmente existe valor real de catastro).
  • Los bienes muebles y semovientes de la explotación agropecuaria se valuarán como un porcentaje del valor real de los inmuebles asiento de la explotación el cual será fijado por el PE entre un mínimo de 40% y un máximo de 80%. En el caso de aquellas entidades que liquiden el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (en adelante “IRAE”) por el régimen de contabilidad suficiente podrán optar por valuarlos por el porcentaje mencionado o por el método de valuación establecido en el IRAE.
  • En el caso de otros activos si bien puede existir algún tipo de duda al respecto en la redacción dada por el PL, todo indica que se valuarán según normas de IRAE o de Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas según sea el caso.
  • Se admitirá deducir los pasivos al cierre de ejercicio con ciertas limitaciones.

¿Cuál es la tasa del impuesto?

La tasa general a aplicar sobre el patrimonio gravado será del 1,5%.

Se faculta al PE a reducir dicha tasa en hasta un 50% en el caso del patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias y siempre que los activos afectados (considerando inmueble a valor real de catastro y el ficto del 40% en concepto de bienes muebles y semovientes), no superen los UI 30.000.000 (a la fecha serían aproximadamente USD 4.075.000).

Sobretasa adicional a la tasa general del IP:

Para el caso de quienes pasarán a estar gravados por el IP a partir de este PL (de acuerdo a lo visto antes) y sin perjuicio de la tasa general, el PL propone una sobretasa que recaerá sobre la totalidad del patrimonio afectado a la explotación agropecuaria siempre que los activos  afectados al agro (definido como: inmueble en propiedad valuado a valor real de catastro + ficto del 40%) superen el importe de UI 30.000.000 (aproximadamente USD 4.075.000).

En caso que corresponda aplicar la sobretasa la misma dependerá del nivel de tales activos según el siguiente detalle:

a) Activos afectados al agro entre UI 30.000.000 y UI 60.000.000 (aprox. USD 4.075.000 y USD 8.150.000): 1%

b) Activos afectados al agro entre UI 60.000.000 y UI 150.000.000 (aprox. USD 8.150.000 y USD 20.370.000): 1,3%

c) Activos afectados al agro que superan los UI 150.000.000 (aprox. USD 20.370.000): 1,5%

Como caso particular se establece que las entidades residentes que tienen sus capital emitido en acciones al portador o nominativas que no pertenecen a personas físicas y aquellas entidades no residentes que no sean personas físicas (aquellos que hoy ya cumplen las condiciones para tener que tributar el IP) comenzarán antes a aplicar una sobretasa del 0,7% a partir de que sus activos afectados al agro superen los UI 12.000.000 y hasta los UI 30.000.000 (aprox. USD 1.630.000 y USD 4.075.000). Luego de superar los UI 30.000.000 la sobretasa a aplicar será la de la escala mencionada antes para los nuevos contribuyentes.

Por último mencionarles que el PL establece que a los efectos de la aplicación de la sobretasa mencionada, no serán aplicables las normas que dispongan que los activos afectados a la explotación agropecuaria se encuentren exentos, excluidos o que son no computables. Es decir que tales activos siempre estarán gravados por la sobretasa aunque puedan no estar gravados por la tasa general.

Para la aplicación de la sobretasa los inmuebles siempre y en todos los casos serán valuados por el valore real de catastro, incluso para quienes hoy ya se encuentran tributando el IP.

Quedamos a su disposición por cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria.