Acceso a la Información en Poder de Organismos Públicos (Información Pública)

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¿Qué se entiende por Información Pública?Toda información que emane o esté en posesión de un organismo público, sea o no estatal, salvo aquella que haya sido calificada como reservada o confidencial o que se encuentre alcanzada por excepciones o secretos establecidos por ley (ej.: el secreto bancario o el secreto profesional).

¿Quién puede acceder a la Información Pública?Actualmente cualquier persona puede hacerlo. Conforme a la ley 18.381 y a su decreto 232/010 el acceso a la Información Pública es un derecho fundamental y por ello cualquier persona física o jurídica puede acceder a dicha información sin tener que justificar sus razones.

¿Cómo se accede a la Información Pública?
Se deberá enviar una nota a la persona designada dentro de cada organismo público como el responsable de recibir y responder las solicitudes de acceso a la Información Pública. Dichas personas contarán con un plazo máximo de 20 días hábiles para permitir o denegar el acceso a la información solicitada. Los nombres de dichos responsables deberán exhibirse en un lugar visible de cada organismo público, así como publicarse en su sitio web.

¿En qué casos los organismos públicos pueden denegar el acceso a la Información Pública?Se podrá denegar el acceso a la Información Pública en caso de quedar alcanzada por una previsión legal específica o por haber sido calificada como información confidencial o reservada por el jerarca máximo de cada organismo.
Podrá calificarse como confidencial aquella información que refiriera a datos personales que requieran el previo consentimiento del titular o aquella que fuera entregada a un organismo público con tal carácter y siempre que la misma: a) refiera al patrimonio de la persona; b) comprenda hechos o actos relativos a una persona física o jurídica, que pudieran ser útiles para un competidor; o c) quede alcanzada por una cláusula contractual de confidencialidad.
Por su parte, podrá calificarse como información reservada aquella que pueda: a) comprometer la seguridad pública o la defensa nacional; b) menoscabar la conducción de las negociaciones o de las relaciones internacionales; c) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; d) poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona; e) suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción; o f) desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados o en poder de los sujetos obligados, siempre y cuando se pueda determinar una expectativa razonable de un daño al interés público protegido.
La documentación que contenga información confidencial o reservada deberá tener incorporada una leyenda que incluya: su carácter de tal, la fecha de su clasificación, su fundamento y contar con la firma de la autoridad competente que resolvió la calificación.

¿Qué responsabilidades asumen los funcionarios públicos frente a esta nueva normativa?Los funcionarios públicos podrán incurrir en falta grave cuando de modo arbitrario impidan el acceso a Información Pública o permitan el acceso injustificado a información calificada como reservada o confidencial.

¿En caso de una denegación injustificada de acceso a Información Pública, qué organismo se encarga de proteger los derechos de los consultantes?La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), -órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)-, es el órgano encargado de proteger los derechos de los consultantes.