Reforma de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia: Prácticas prohibidas “per se” y control previo de concentraciones económicas

CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR LA VERSIÓN EN PDF

El Parlamento aprobó un proyecto de ley (“Reforma”) para modificar la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia No. 18.159 (“Ley”). La Reforma, que se encuadra en el marco de las recomendaciones emitidas por la UNCTAD (Naciones Unidas) en el informe sobre Uruguay publicado en octubre de 2016, introduce en nuestro derecho las prácticas prohibidas “per se” así como establece un régimen de control previo de concentraciones económicas.

 

¿Qué es una práctica prohibida “per se”?

La Reforma incorpora a la Ley un elenco taxativo de prácticas prohibidas “per se” (es decir, en sí mismas), referidas a prácticas concertadas entre competidores y caracterizadas por ser perjudiciales para la competencia y los consumidores.

Estas prácticas son: acuerdos sobre precios u otras condiciones comerciales; acuerdos para limitar la producción de bienes o servicios; acuerdos para repartirse mercados; coordinación en licitaciones o concursos de precios; y las mismas prácticas realizadas por vía de una asociación gremial o empresarial.

 

¿Qué implicancias tiene que la práctica sea prohibida “per se”?

Las conductas prohibidas “per se” se presumen absolutamente perjudiciales para la competencia y los consumidores, y por lo tanto se reputan ilegales, sin admitir justificación alguna (a diferencia de otras prácticas prohibidas que podrían ser justificadas con argumentos de eficiencia económica).

Por lo tanto, alcanza con probar que se verificó la práctica (ej. que hubo un acuerdo entre competidores y que dicho acuerdo establecía precios) para que la misma sea reputada como prohibida y, por ende, sancionable.

Es esperable que la introducción de la regla “per se” para ciertas prácticas implique una intensificación de los pedidos de información de parte de los órganos de aplicación y también un aumento de las “auto denuncias” por parte de un participante de un cártel para obtener exoneración total o parcial de las sanciones (programas de “clemencia” para el arrepentido), ya consagrado en la Ley.

 

¿Cuál es el nuevo régimen de control previo de concentraciones económicas?

La Reforma introduce un régimen de control previo (autorización) para todo acto de concentración económica, cuando la facturación bruta anual en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, sea igual o superior a UI 600.000.000, lo cual equivale aproximadamente a USD 74.100.000 en 2018.

El umbral de facturación es global, sin discriminar por participante, ni por mercado relevante ni por el volumen de la operación.

La notificación debe ser presentada previo a la fecha de perfeccionamiento del acto o de la toma de control, lo que ocurra primero. Una vez presentada la solicitud de autorización, el órgano de aplicación podría, dentro de un plazo de 60 días corridos: (i) autorizar expresa o tácitamente el acto de concentración; (ii) subordinar el acto al cumplimiento de ciertas condiciones que establezca; o (iii) denegar la autorización.

 

¿Cuándo entrará en vigencia el nuevo régimen de control previo de concentraciones económicas?

El nuevo régimen de control previo de concentraciones entrará en vigencia a los seis meses de entrada en vigencia de la Reforma.