Diciembre de 2011
Memorandum

Introducción


El 19 de diciembre entró en vigencia la ley 18.847, que modifica el procedimiento de los juicios laborales.


Como es de su conocimiento, en octubre del año 2009 se aprobó la Ley N° 18.572 conocida como “Abreviación de los procesos laborales”, con el objetivo de reducir el tiempo de duración de los procesos laborales.


La ley de “Abreviación de los procesos laborales” fue objeto de duras críticas por parte de un muy amplio sector de la doctrina laboral, y desde su entrada en vigencia se interpusieron -con éxito- varios recursos de inconstitucionalidad por parte de los operadores jurídicos.


Como consecuencia de las críticas hechas a la norma y de los fallos de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo decidió enviar la Parlamento un proyecto de ley que modificaba la ley 18.572.


Luego de varios meses, el Parlamento aprobó la ley N° 18.847, que seguidamente detallamos en sus aspectos más relevantes.


Principales cambios introducidos por la ley 18.847


El objetivo principal de la nueva Ley fue sin duda sanear las tachas de inconstitucionalidad que habían sido formuladas por la Suprema Corte de Justicia al proceso regulado por la Ley 18.572. Por lo cual la nueva norma mantiene la estructura procesal instaurada por aquella, se introducen cambios relevantes que tienden a conceder mayores garantías a las partes del proceso, a equilibrar las desigualdades que establecía la norma anterior entre las partes, así como a extender los plazos procesales y establecer certezas en cuanto a la forma en que los mismos se computan.


Los cambios más relevantes que introduce la nueva norma refieren tanto al proceso laboral “de mayor cuantía u ordinario” como al de “menor cuantía”.


Proceso “de mayor cuantía u ordinario”


El primer cambio relevante refiere al plazo para contestar la demanda, que pasa de ser de diez a quince días hábiles.


Una vez contestada la demanda o las excepciones previas el Juez tendrá un plazo de 60 días dentro del cual se deberá celebrar la audiencia única, a la cual las partes deberán comparecer en forma personal o por sus representantes y en caso de incomparecencia de cualquiera de ellas la audiencia deberá celebrarse de todos modos sin la presencia de la parte incompareciente. A su vez la audiencia única, a diferencia de lo que establecía la norma anterior, tiene la posibilidad de ser prorrogada por única vez y dentro de un plazo de seis días, para el caso de que no haya sido posible diligenciar la totalidad de la prueba por causa ajena a las partes.


Asimismo una vez que entre en vigencia la nueva norma procesal no será necesario depositar el 50% del monto de la condena para poder apelar la sentencia de primera instancia. Se admite también en forma expresa el recurso de casación, lo que implica que la Suprema Corte de Justicia podrá entender en aquellos casos que se cumpla con los requisitos generales para acceder a la instancia.


Proceso de “menor cuantía”


En este proceso, que se reserva para los casos cuyo monto no supere los $ 82.000, se establecen cambios que modifican sustancialmente la estructura del mismo.


A partir de la vigencia de la nueva ley, ya no deberá contestarse la demanda verbalmente en la propia audiencia sino que el demandado contará con un plazo de diez días para contestar la demanda por escrito. Fijándose en forma posterior a la contestación de la misma la audiencia única dentro de un plazo de diez días.


La audiencia única en el proceso de “menor cuantía” deberá celebrarse dentro de un plazo de diez días desde la contestación de la demanda. Al igual que en el proceso laboral ordinario la comparecencia a la audiencia debe ser en forma personal o por representante y la ausencia de cualquiera de las partes no obsta a la realización de la audiencia, diligenciamiento de la prueba y dictado de sentencia. Los procesos de menor cuantía continuarán siendo de única instancia, es decir que la decisión del Juez de primer grado será inapelable y se hará exigible una vez ejecutoriada la misma.


Modificaciones comunes a ambos procesos


Finalmente se establecen algunas modificaciones que aplican a los dos procesos, tales como la notificación electrónica de todas las resoluciones judiciales dictadas en el transcurso del proceso, a excepción de la que da traslado de la demanda, que continuará llegando al domicilio real o constituido de la demandada; así como una disposición genérica en cuanto al computo de los plazos, aclarando que comienzan a computarse el primer día hábil siguiente a su notificación, y que aquellos plazos menores a quince días se computan solamente los días hábiles.


Cabe remarcar que se mantiene en vigencia el artículo 29 de la ley 18.572 que establece una multa del 10% sobre todos los créditos laborales e indemnizatorios en caso de atraso en el pago de los mismos.


Conclusión


Tanto el proceso laboral “ordinario” como de “menor cuantía” los plazos continúan siendo muybreves, lo que hace que sea necesario y conveniente que se recopile la prueba referente a los reclamos tan pronto como quede abierta la vía judicial, por no haberse alcanzado acuerdo ante el Ministerio de Trabajo.


Puede señalarse asimismo que las modificaciones introducidas en ambos procesos laborales sanean las tachas de inconstitucionalidad que había señalado la Suprema Corte de Justicia, por lo que a partir de la vigencia de la nueva norma los procesos laborales, al contestarse la demanda ya no se opondrá la excepción de inconstitucionalidad. En consecuencia, los procesos laborales tenderán a tener una duración sensiblemente menor a la actual.


Quedamos a su disposición por cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria

Montevideo (598) 2902 1515 . Zona Franca (598) 2518 5515 . Punta del Este (598) 4224 1515