Reciente cambio introducido al sistema tributario (art 5° de la ley 18.910), ha permitido que los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), puedan considerar como deducción las cuotas de préstamos hipotecarios a partir del 1º de enero de 2012.

¿Todos los contribuyentes pueden deducir estas cuotas?

No, sólo los contribuyentes del IRPF por rentas de trabajo, que sean deudores de cuotas: de préstamos hipotecarios, de cooperativas de vivienda, o de los promitentes compradores donde el acreedor original sea el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

¿Hay condiciones a considerar para deducir estas cuotas?

Sí, más de una: i) la vivienda adquirida con el préstamo debe ser única y permanente para el contribuyente, ii) el costo de la vivienda no puede superar las UI 794.000, considerando la UI y el tipo de cambio del 31 de diciembre de 2012, esto sería equivalente a unos USD 103.000, en caso de superar este valor no se podrá deducir monto alguno, iii) no se podrán deducir más de 36 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) anuales, considerando la BPC al 31/12/2012 esto sería equivalente a una deducción anual máxima de $ 87.012.

¿Qué documentación se necesita?

Se deberá contar con documentación que acredite fehacientemente el costo de la vivienda, la existencia del préstamo hipotecario, y los comprobantes de pagos a deducir. Por lo que, debe individualizar inequívocamente el inmueble, la entidad otorgante del préstamo y el número de inscripción del documento en el registro de hipotecas (si correspondiera).

¿Cómo acredita el monto de las cuotas pagas?

El contribuyente debe solicitar a la institución otorgante del préstamo un documento en el que conste la identificación de la entidad con su número de RUT; nombre y cédula de identidad del contribuyente, si hubiera más de un titular por vivienda, se deben informar todos ellos. Éste documento debe estar disponible antes del último día hábil del mes de mayo del año siguiente. Esto tiene su lógica en que en el mes de junio comienzan a vencer las presentaciones de las declaraciones juradas de los contribuyentes del IRPF (el próximo 17 de junio comienzan a vencer las declaraciones juradas del ejercicio 2012).

¿Cómo se hace la deducción?

La deducción de los montos pagados en el año por las cuotas de dichos préstamos se realizará por medio de la declaración jurada anual del contribuyente, no se realiza por deducción mensual de los anticipos de IRPF, implicando así un costo financiero para el contribuyente.

Cuando la titularidad del préstamo estuviera compartida, la imputación será total o compartida en caso de común acuerdo entre los titulares del préstamo, en caso contrario se hará en partes iguales.

Si al día de hoy el contribuyente quisiera presentar su declaración jurada no podrá hacerlo ya que la Dirección General Impositiva (DGI), aún no ha emitido en su web la aplicación que contiene el formulario para realizar la declaración (Formulario 1102 o 1103).

¿En qué consiste el presentismo?

El presentismo es un beneficio salarial, que no tiene origen en la ley sino generalmente en la negociación colectiva, o en algunos casos es otorgado por la empresa unilateralmente. El beneficio premia la asiduidad de los empleados.

En cada sector de actividad o empresa, se establecen las condiciones necesarias para su generación, así como el monto al cual asciende (en general determinado porcentaje del salario). A su vez, frecuentemente se establece que el beneficio se pierde íntegramente si el empleado alcanza determinado número de ausencias para el mes de cargo. En otras ocasiones, se considera asimismo la puntualidad del empleado como requisito para la generación del beneficio.

¿Qué estableció la nueva normativa?

A partir del 24 de enero de 2013 comenzó a regir la Ley 19.051, según la cual las ausencias por huelga en cualquiera de sus modalidades, generarán el descuento proporcional del presentismo u otras partidas vinculadas a la asiduidad, pero no su pérdida íntegra. Esto significa que deberá prorratearse el valor total del beneficio según las ausencias por huelga que existieron en el período de generación del mismo.

A modo de ejemplo, en el caso de un empleado mensual, deberá tomarse el monto del presentismo a que el empleado hubiera tenido derecho y sustraerse de dicho monto tantos treintavos como ausencias por huelga haya registrado el empleado en ese mes. El descuento se efectúa en base a treintavos, dado que se entiende que el salario de los empleados mensuales remunera 30 días de trabajo.

¿Qué ocurre en caso de que la empresa realice descuentos del presentismo en infracción con la normativa?

Si el Ministerio de Trabajo constata una infracción, podrá aplicar sanciones como amonestaciones, multas -según la gravedad, entre los importes de uno a ciento cincuenta jornales o días de sueldo de cada trabajador involucrado en la infracción- y la clausura del establecimiento hasta por 6 días, que se considerarán trabajados a todos los efectos. También los empleados podrán reclamar judicialmente el pago del beneficio en forma correcta.

¿Qué sucede con los convenios colectivos que establecían una forma diferente de descuento?

La ley no lo resuelve a texto expreso. Al aprobarse la nueva normativa, podría entenderse que los convenios colectivos que regulaban el presentismo estableciendo que el mismo se perdía íntegramente frente a ausencias por huelga fueron derogados por la Ley, por lo que el beneficio seguirá vigente pero el descuento deberá realizarse de acuerdo a la normativa.

¿Puede establecerse la pérdida total del beneficio frente a otros casos de ausencias legítimas?

Es común que en la negociación colectiva se prevea la pérdida del presentismo frente a distintos tipos de ausencias por motivos legítimos (por ejemplo, licencias especiales por estudio, duelo, paternidad, adopción, enfermedad o accidentes de trabajo).

Dado que la Ley únicamente previó el descuento proporcional del presentismo frente a ausencias motivadas por huelga, es válido pactar que el beneficio se pierda en forma íntegra con motivo de estas otras ausencias legítimas.

La única ausencia que no puede generar la pérdida del beneficio es la motivada en la licencia reglamentaria del empleado. Ello en tanto durante la misma, el empleado debe continuar percibiendo su salario habitual.

En respuesta a una de las objeciones planteadas por el Foro de Transparencia Global de la OCDE relacionada con la falta de identificación de los titulares de participaciones al portador, el Estado uruguayo sancionó la Ley 18.930 (la “Ley”).

Dicha Ley creó el registro de titulares de participaciones patrimoniales al portador en la órbita del Banco Central del Uruguay (“BCU”), creando la obligación de entidades residentes con participaciones emitidas al portador y de ciertas entidades no residentes, de registrarse ante el BCU informando la titularidad de tales participaciones.

¿Cómo se cumple con la obligación de registración?

A efectos de cumplir con la mencionada registración deben otorgarse dos declaraciones juradas: (i) una declaración jurada que los titulares de las participaciones patrimoniales presentan a la sociedad emisora y (ii) una declaración jurada que la entidad emisora de las participaciones patrimoniales presenta en el BCU.

La registración de las participaciones patrimoniales de entidades residentes no es requerida si dichas participaciones son nominativas. Por tal motivo, la Ley prevé la posibilidad de reformar los estatutos sociales de dichas entidades a través de un procedimiento abreviado a efectos de transformar a nominativas sus participaciones.

¿Qué plazo se tiene para presentar las declaraciones juradas correspondientes?

El plazo para emitir la declaración que los titulares de las participaciones patrimoniales  presentan a la entidad emisora de las mismas  vence el próximo 23 de abril de 2013, fecha en la que también vence el plazo para la reforma de los estatutos sociales de aquellas entidades que quisieran modificar sus acciones al portador por nominativas de forma de no quedar alcanzadas por la obligación de registro dispuesta por la Ley. El plazo para inscribir la declaración jurada por parte de la entidad emisora en el registro creado a estos efectos en el BCU vence el 30 de abril de 2013.

¿Qué entidades están obligadas?

Quedan alcanzadas las siguientes entidades residentes con participaciones patrimoniales al portador: (i) sociedades anónimas (ii) sociedades en comandita por acciones (iii) sociedades y asociaciones agrarias (iv) fideicomisos y fondos de inversión en tanto no se encuentren regulados por el BCU y (v) en general toda otra entidad que emita participaciones patrimoniales al portador.

Asimismo, quedan alcanzadas las siguientes entidades no residentes: (i) aquellas entidades que actúen en territorio nacional a través de un establecimiento permanente (ii) aquellas entidades que radiquen en territorio nacional su sede de dirección efectiva para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior; (iii) los fideicomisos y fondos de inversión del exterior, o entidades extranjeras análogas, cuyos fiduciarios o administradores sean personas físicas o jurídicas residentes en territorio nacional.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimientos a la norma?

La norma dispone sanciones tanto para los titulares de las participaciones patrimoniales como también para las propias entidades involucradas que no cumplan con las disposiciones legales.

Las sanciones para los titulares de las participaciones patrimoniales que incumplan con la presentación de la declaración jurada a la sociedad emisora varían desde la imposibilidad de ejercicio de sus derechos patrimoniales y políticos en la sociedad (derecho al cobro de dividendos, derecho al ejercicio del voto, entre otros), previendo a su vez que la sociedad queda impedida al pago de dividendos o utilidades, rescates, recesos o resultados de la liquidación de la sociedad; hasta multas que pueden alcanzar montos significativos siendo a su vez los futuros adquirentes solidariamente responsables por las multas que pudieran recaer por este incumplimiento.

Las sanciones previstas para las entidades que incumplieran varían también desde la imposición de multas hasta la suspensión del certificado único de DGI así como la imposibilidad de inscribir actos jurídicos en los registros dependientes de la Dirección General de Registros sin acreditar haber cumplido con las obligaciones dispuestas por la Ley.

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Led by Juan Manuel Albacete, Guyer & Regules’ tax practice serves clients in a range of sectors, including but not limited to, financial services, telecommunications and energy. Its three partners and 42 professionals, which include certified public accountants, advise clients on indirect tax, corporate tax, transfer pricing and tax disputes. In July 2011, the firm completed tax planning and tax analysis for Montes del Plata, relating to the construction of a $1.5 billion paper pulp mill, the largest investment in the country’s history. In another matter, concluded in December 2011, the tax group assisted HSBC Securities USA and Citigroup Global Markets in a series of liability management transactions performed by Uruguay concerning its public debt, such as a new issue of global bonds for cash, an exchange offer and a cash tender offer. The $2 billion series of transactions helped Uruguay restructure its sovereign debt and return to investment grade status in March 2012, which it had lost because of the economic crisis of 2002. The tax practice is well-respected by rivals and clients alike. “Juan Albacete is an expert in tax issues in Uruguay and always provides the right advice,” one client said, while peers recognise his skill in corporate tax. Nicolás Piaggio is praised by competitors for his M&A expertise, while Nicolás Juan is singled out for his work in cross-border structuring and his knowledge of capital markets and financial products. Clients choose Guyer & Regules as their main adviser for several reasons: “professionalism, experience in finance, excellent group of professionals, and because they know our culture and needs.”

Peers give Guyer & Regules strong reviews for their consistency and their transactional ability again this year: “They’re historically the main firm and they’re very clever fellows,” says one lawyer. “The quality of their clients is uncontested in the market and it’s been that way for some time.”

The firm is noted for its entire corporate practice, although the banking and finance sector is viewed as the firm’s strongest area and one of the strongest such practices in the country. Guyer & Regules counts the Republic of Uruguay among its many banking clients, representing the country in the past and this year in issuances of sovereign debt. Corporate partners Nicolás Herrera, Nicolás Piaggio and Álvaro Tarabal were again involved in almost every one of the firm’s major transactions this year.

Most clients report that, in addition to a high level of legal understanding, it is the firm’s commercial abilities that set it apart from competitors: “They are highly professional law firm,” remarks a client. “I think they provide advice at the highest level you can get here, but usually (and this is what I like about them) they not only provide the legal advisory, but the partners also have a good business approach and understand business in addition to solving legal problems, so you can close a transactions.”

Deals
Herrera and Piaggio teamed up on a deal in which the firm assisted HSBC and Citigroup in a series of liability management transactions performed by the Republic of Uruguay regarding its public debt, such as a new issue of global bonds for cash, an exchange offer and a cash tender offer. This $2 billion closed in December 2011 and was a major part of the rescheduling of Uruguayan debt and paving the way for its return to investment-grade status earlier this year.

Guyer & Regules is also representing ING in addition to other US and Latin American firms across five countries in the $3.8 billion sale of ING’s assets in the region to Colombian financial holding company Grupo Sura. In the case of Uruguay, ING sold Grupo Sura 100% of the shares of Afinidad AFAP, a leading pension fund manager operating in Uruguay in a deal that also closed last December.

Tarabal and his team also helped HSBC in putting together a share purchase agreement of HSBC Uruguay, Colombia, Paraguay and Peru by GNB Bank (Gilinski Group of Colombia). Guyer & Regules represented HSBC’s Uruguayan interests in this $400 million transaction that closed in May 2012.

Ante la creciente demanda de vivienda y la existencia de edificios construidos sin habilitación final y por tanto carentes sus unidades de individualidad jurídica, la ley 18.795 de setiembre de 2011, reglamentada por el decreto 97/2012, de marzo de 2012, facilita la incorporación al régimen de Propiedad Horizontal de tales edificios, permitiendo así la existencia jurídica de sus unidades, independientes del edificio matriz.

El régimen de propiedad horizontal es uno solo y está regulado por la ley 10.751, la cual permite la construcción o incorporación de edificios cuando estos cuenten con Plano de Fraccionamiento horizontal inscripto en la Dirección General de Catastro, habilitación municipal y seguro de incendio contratado.

Hay excepciones a dicho régimen como es el caso del Decreto – Ley 14.261 capítulo I y II,  que permite la incorporación de determinados edificios prescindiendo de la habilitación municipal, exigiendo el otorgamiento de un Reglamento de copropiedad del cual surja la hipoteca recíproca de las unidades. Asimismo el capítulo III de la 14.261 y la ley 16.760 posibilitaron la existencia como bien jurídico independiente de unidades inexistentes físicamente pero susceptibles de ser enajenadas e hipotecadas a los efectos de facilitar la financiación de la construcción del edificio.

Esta ley 18.795 crea un nuevo sistema de incorporación a propiedad horizontal, establecido en los artículos 18 y 19, permitiendo que edificios que no podían alcanzar la horizontalidad por las leyes anteriores lo hagan mediante el cumplimiento de ciertos requisitos: I) permiso de construcción aprobado por la Intendencia respectiva, II) plano proyecto de fraccionamiento horizontal inscripto en la Dirección Nacional de Catastro. Es preciso que el edificio se encuentre en condiciones de habitabilidad, es decir que su estado debe permitir el fácil y cómodo uso de las unidades independientes y los bienes comunes; lo cual se comprobará mediante un certificado suscrito por el arquitecto director de obra y por el ingeniero agrimensor actuante. Quienes deberán dejar constancia que: 1) Las edificaciones se corresponden con el permiso de construcción aprobado. 2) Las mismas se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa aplicable en materia de propiedad horizontal. 3) Responden en un todo a la reglamentación municipal vigente. 4) No existe pendiente sobre ellas ninguna observación o medida administrativa por parte de la respectiva Intendencia. 5) Las unidades así como los bienes comunes de uso exclusivo y general del edificio se encuentran en condiciones de accesibilidad, pudiendo darse a dichas edificaciones un uso seguro, autónomo y confortable. Deberá asimismo contratarse un seguro de incendio del edificio, considerándose la prima correspondiente como expensa común.

Una vez cumplidos estos requisitos nace el estado de horizontalidad, no siendo necesario, por tanto, para ello contar con la habilitación final. Si bien la ley 18.795 nació como respuesta a la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda social, las normas que refieren a la incorporación de propiedad horizontal se aplicarán a cualquier edificio ya construido.

Guyer & Regules‘ ‘greatest advantage is its industry knowledge‘, which ‘is based on years of being the leader in the banking and finance sector‘. Moreover, it offers clients ‘timely and practical advice‘ coupled with ‘exceptional service‘ and is recommended ‘unhesitatingly‘. In a matter led by Nicolás Piaggio, it recently acted as counsel (alongside US-based Shearman & Sterling LLP) to Citigroup and HSBC Securities (as underwriters and deal managers) on the Uruguayan government’s $2bn global bonds issuance. It also represented Itaú Bank and GAP Consultores, as structuring agents, in gaming and entertainment company Hípica Rioplatense’s $30m bond issuance in the local market. A further highlight saw the group acting for longstanding pulp company client Montes del Plata on securing a $1.3bn credit facility from the Inter-American Development Bank (IDB), and Finnvera (the Finnish government’s export credit agency). This is the country’s largest foreign direct investment project to date. Piaggio heads the corporate and banking group alongside the ‘highly esteemed‘ Nicolás Herrera and Alvaro Tarabal. Also recommended are Juan Manuel Albacete, who offers an ‘excellent balance between regulatory compliance and business focused solutions‘; Diego Baldomir, who has a ‘great attitude and knowledge‘; Juan Manuel Mercant; and senior associate Florencia Castagnola, who ‘has a talent for providing legal feedback‘ that is suited to the client.

Corporate and M&A

Guyer & Regules is ‘always one of the first recommendations‘ for corporate matters offering service of ‘the highest level possible no matter the size of the project‘, ‘partners who give personal attention‘ and ‘a work product of the highest quality‘. A busy year for the group saw it advising Eurnekian Group in a $1bn sale of duty free shops in a number of airports in different countries including Uruguay’s Punta del Este airport. It also assisted Colombian retailer Éxito on its regional expansion with the headline $746m acquisition of the Disco and Devoto supermarket chains in Uruguay. The team also undertook a number of major finance sector M&A’s including representing ING Group on the Uruguayan leg of its $3.8bn regional asset sale to Colombia’s Grupo Sura, and acting for BBVA on its $100m acquisition of Crédit Agricole subsidiary, Crédit Uruguay Banco. Clients value Juan Manuel Mercant and joint practice head Alvaro Tarabal for ‘coupling business acumen with strong legal knowledge in order to give accurate and punctual advice‘. Senior partner Nicolás Herrera and departmental co-head Nicolás Piaggio are ‘invaluable‘. Recently appointed partner Corina Bove impresses clients with her ‘responsiveness and outstanding ability to provide advice in a customer-focused way‘. Minerva, Geely International and Louis Dreyfus Energy are among new clients that have recently been added to an already enviable client roster including Unilever, Petrobras, Philip Morris and Stora Enso. Senior associate Valentina Larrobla recently left the firm.

Dispute resolution

Simply stated, Guyer & Regules ‘delivers top-drawer service and achieves remarkable results‘. The firm has an undeniable strength in litigation and arbitration matters and receives resounding praise as a ‘very strong team: dynamic, very agile and with quick response times‘. The team is also ‘very knowledgeable about the Uruguayan courts, and sensitive to the needs of US clients‘ with ‘a strong commercial awareness‘. It recently successfully defended rating agency Moody’s in a series of lawsuits brought by investors in Banco Montevideo (rated by Moody’s), seeking multimillion-dollar damages. The first instance judge rejected the actions brought. Another highlight saw the group successfully representing the Inter-American Investment Corporation (IIC) in a fraud action brought by two bondholders who claimed that they were misled into investing in (bankrupt) poultry processing company Granja Moro. The court of first instance dismissed the action against the IIC on all its terms. Other key clients of the group include Citibank, Telefónica, BBVA, Petrobas, Unilever and Philip Morris. Practice head Carlos Brandes is ‘an outstanding litigator. He is composed in front of the courts and knows how to handle foreign clients.‘ Alvaro Tarabal also receives praise as ‘a very good advisor, always trying to find ways to resolve the issue through negotiation and not wait for the final decision of the judges‘. Associates María Eloísa Cerdeña, Ana Paula González and Federico Florin are also recommended.

Labour and employment

Guyer & Regules is respected by clients for its long tradition of top-flight service and its ‘contributions to innovation in the sector‘ are also noted. Praised as ‘excellent‘, the ‘robust team‘ is made up of ‘specialists with great industry knowledge, response times, and balance between price and quality‘. The department handles labour and social security advisory work and litigious matters. Recent highlights for the group include assisting Philip Morris International in connection with the labour issues arising from industrial closures. It also advised CitiGroup on the transfer of employees from the bank to its recently established non-banking company, and all related labour matters. The Uruguayan Chamber of Commerce and Industry (CCSU) recently engaged the firm to prepare a report in relation to the application of the new collective agreements regulation. Practice heads Eduardo Ameglio and Leonardo Slinger receive strong recommendations for their experience, knowledge and ‘clear vision as to legal advice‘. The involvement of associates María José Poey, Juan Orticochea and Santiago Madalena in labour trials is also valued by clients.

Real Estate

The largest department of its kind in the country, Guyer & Regules‘ real estate practice advises local, regional and international clients on all real estate matters and works across sectors including agriculture and forestry, industry and commercial properties, residential projects, tourism and infrastructure. It was also one of the first firm’s to open a real-estate specific office in the popular resort of Punta del Este. The team offers ‘excellent service‘ and is ‘quick to answer, efficient and reasonably priced‘. A highlight saw it acting for Montes del Plata in connection with land acquisition and leases for forestry exploitation and wood supply to the pulp mill it currently has under construction. It also represented clients (including Ingleby Group and Union Agriculture Group), on farm land acquisition and the execution of related agreements (such as leases and cattle grazing agreements). The team is led by two partners: Federico Susena, who has a focus on the real estate issues associated with infrastructure and energy projects; and the ‘extraordinary‘ John Leaman, who is ‘a great facilitator‘ and has ‘amazing culture and knowledge‘. Both are regarded as experts in the field and are highly recommended. Other key clients for the practice include TGLT Real Estate, Vik Retreats, Hancock Natural Resource Group and Rougaignon Family Group.

Tax

Guyer & Regules fields a team of almost 40 professionals (including accountants), in the tax sector and impresses clients with great ‘timing, knowledge and strength in depth‘. It undertakes the full range of tax services including advice and planning, advice on treaties and double taxation, audits, and representation in contentious issues at all instances, as well as undertaking all the tax work associated with the firm’s activity in the banking and corporate sectors. The tax team also works closely with the firm’s corporations and accounting services, and offshore teams to design tax planning structures and address issues such as tax minimisation, free trade zones and the efficiency of legal vehicles. The department’s practice head Juan Manuel Albacete is one of three partners in the team. Advising across the breadth of the sector, he is regarded as a genuine ‘expert in taxes‘. A recent highlight saw the practice advise BBVA on all the tax implications of its $100m merger with Crédit Agricole. It also advised CitiGroup on a tax analysis of the establishment of a new non-banking company at the Uruguayan Free Trade Zone. The quality of service is reflected in a client roster that includes Citibank, Techint-Tenaris, Philip Morris, Unilever, Montes del Plata (Arauco-Stora Enso) and Petrobras. Senior associate Florencia Castagnola is also highly recommended.

Used by commercial and private clients, corporate counsel, CEOs, CFOs and professional advisers – as well as by other referrers of work both nationally and internationally – the series is widely chosen.

¿Qué se entiende por embargo de buques?

El término embargo aplicado a un buque hace referencia a diferentes medidas cautelares que pueden tomarse contra él. El embargo en sentido estricto implicará la prohibición de la enajenación del buque embargado. Sin perjuicio de ello, genéricamente se emplea el término embargo para referirse a  la prohibición de salir de las aguas de la República (Arresto), y el desapoderamiento del buque (Secuestro).

Todas estas medidas pueden ser efectuadas en aplicación de la normativa uruguaya referida a la materia.

¿Existen diferentes procedimientos para el embargo de buques en la normativa nacional?

Efectivamente, desde la vigencia de la ley 18.803 existen diferencias según el origen de los buques y la naturaleza de los créditos que se tienen contra sus propietarios o armadores. Desde la vigencia de dicha norma, algunos embargos se regirán por ella y otros por el sistema de la ley procesal común.

Por otra parte, la ley 18.803 crea un mecanismo en el embargo de buques pesqueros, dando la posibilidad al afectado de sustituir el embargo por otra garantía suficiente.

¿En qué condiciones se podrá aplicar la ley 18.803?

La ley 18.803  establece un régimen diferencial de aplicación según se trate de buques de bandera nacional o de bandera extranjera. Así, quien solicite el embargo de un buque de bandera nacional, tendrá que acreditar ser poseedor de un crédito marítimo privilegiado (estos créditos se encuentran previstos en el Código de Comercio Nacional y en la Convención Internacional sobre Privilegios e Hipotecas Marítimas de Bruselas), o ser acreedor de un crédito generado en utilidad del mismo buque o de sus cargas.

Por su parte, para poder solicitar el embargo de un buque de bandera extranjera, además de las dos hipótesis descriptas, también se podrá invocar un crédito generado a favor de otro buque del mismo propietario / armador, o  el crédito generado por responsabilidad extracontractual derivada de la actividad del buque (como puede darse en un episodio de abordaje o de necesidad de asistencia / salvamento).

¿Cómo se efectiviza un embargo sin que existan ese tipo de créditos?

En los casos en que un individuo pretenda el embargo de un buque para asegurar el resultado de cualquier otro crédito, no contemplado dentro de la ley 18.803, deberá  iniciar un proceso cautelar ordinario regulado por la ley procesal común. Esto implica un procedimiento más lento y posee requisitos de contra cautela (garantía), sometidos a la aprobación del Juez que atienda el asunto. A diferencia del sistema común, la nueva ley exige que la medida se efectúe en veinticuatro horas desde su solicitud y prevé un sistema de garantías objetivo.

¿Qué diferencias existen entre el embargo de un buque extranjero y uno nacional?

El embargo de un buque nacional, a diferencia del extranjero, sólo implicará la prohibición de su venta y no su arresto, salvo expresa disposición del Juez -tomada con mayores recaudos probatorios-. Por su parte, el embargo del buque extranjero siempre, salvo disposición Judicial contraria, implicará su arresto. Esto atiende a la lógica circunstancia de que, mientras el embargo del buque de bandera nacional podrá ser inscripto en el registro correspondiente, el embargo del buque de bandera extranjera no podrá serlo, por lo que la única manera de hacer efectiva la medida será la prohibición de que el buque abandone las aguas nacionales. Finalmente, para el  remate del barco nacional se requerirá presentación de títulos y matrícula anteriores, no así para el remate del buque extranjero.

El 15 de junio de 2012, se sancionó la ley 18.910 en donde se establecen determinados mecanismos para reducir hasta dos puntos básicos del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) respecto a las tasas previstas existentes (10% o 22%), beneficiando con ello a los consumidores finales, en tanto utilicen determinados mecanismos de pago.

La ley prevé la facultad del Poder Ejecutivo de reducir hasta un 2% la tasa de IVA en los casos de compras efectuadas por consumidores finales, en donde se utilicen

como medios de pago tarjetas de crédito, tarjetas de débito u otros medios análogos.

Asimismo se prevé que la reducción podrá llegar a ser total en el caso de que se utilicen tarjetas de débito Uruguay Social, tarjetas de débito para cobro de Asignaciones Familiares u otras prestaciones similares a determinar por el Poder Ejecutivo. De acuerdo a lo anterior, queda claro que las ventas que se realicen a empresas no se ven beneficiadas.

La fórmula de poder utilizar este beneficio, así como ya ocurría en el mecanismo de pago en servicios gastronómicos y otros, funciona aplicando la tasa general de IVA a la transacción, el consumidor tendrá la aplicación de la reducción mediante un descuento en el estado de cuenta del medio de pago utilizado.

Además se prevé la posibilidad de aplicar este beneficio empresas acogidas al régimen de pequeña empresa (las conocidas “literal E”) que no liquidan el IVA general. La ley prevé que el Poder Ejecutivo podrá establecer un porcentaje ficto de devolución del IVA cuando el consumidor utilice los mecanismos de pago mencionados.

En definitiva, lo que se pretende es incentivar la utilización de estos medios de pago, a efectos de combatir la informalidad en la etapa del consumidor final. De esta manera, el mismo recibe un beneficio reduciendo la traslación de la carga económica del IVA, y la recaudación se ve reforzada por la realización de operaciones mediante el uso de tarjetas.