Guyer & Regules


informe sobre nuevo decreto - lavado y denuncia de operaciones sospechosa

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Se dictó un decreto de suma importancia relacionado al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El mismo alcanza a los casinos, inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, escribanos, rematadores, personas dedicadas a la comercialización de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas, explotadores de zonas francas y personas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales. Estos sujetos pasan a estar obligados a tener políticas y procedimientos para el conocimiento de sus clientes (incluyendo el beneficiario final en el caso de sociedades) y a registrar transacciones, entre otras obligaciones. 

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Con fecha 10 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial el decreto 355/2010 (el “Decreto”), el cual regula la ley 18.494 del 5 de junio de 2009 (la “Nueva Ley”) que había incluido nuevos sujetos como obligados a denunciar operaciones “inusuales” o “sospechosas”.
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1) Obligaciones generales

Todos los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales bajo la Nueva Ley deberán cumplir en general con las siguientes obligaciones: 

a) políticas y procedimientos de debida diligencia de los clientes;
b) registro de las transacciones;
c) conservación de los documentos que acrediten las transacciones;
d) políticas de capacitación del personal;
e) observación de guías de operaciones riesgosas o señales de alerta; y
f) procedimientos para el reporte de operaciones inusuales o sospechosas.

Bajo la Nueva Ley, los sujetos obligados son las personas sujetas al control del Banco Central del Uruguay (“BCU”), y además otro segmento de actividades no supervisadas por el BCU, a saber: casinos, inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, escribanos (1), rematadores, personas dedicadas a la compra y venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas, explotadores de zonas francas, y personas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales.

En la medida en que las obligaciones indicadas más arriba ya han sido reguladas por el BCU respecto a los sujetos bajo su supervisión (bancos, corredores, asesores, aseguradoras, etc.), entendemos que el Decreto no aplica a los mismos.spacer


2) Debida diligencia


Los sujetos obligados bajo la Nueva Ley deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para todos sus clientes, que les permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de los mismos.  Tales procedimientos se deberán aplicar a los nuevos clientes y a los existentes, especialmente cuando así lo justifique la importancia de la operación; cuando siendo el cliente una persona jurídica se produzcan cambios sustanciales en su control efectivo; cuando siendo una persona física haya habido un cambio sustancial en su forma de vida o el nivel de sus ingresos; y cuando el sujeto obligado se aperciba que carece de información suficiente sobre ese cliente.

En cuanto a la información, el Decreto establece que “Se deberá obtener y verificar información sobre los clientes y la naturaleza de sus negocios, con la extensión y profundidad que el sujeto obligado considere necesaria en función del riesgo que le asigne al cliente, relación comercial o tipo de operación a realizar y del volumen de los montos operados.”

Asimismo el Decreto establece que “Se considerará la pertinencia de obtener informaciones” tales como los siguientes para el caso de persona física: nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, estado civil (si es casado, nombre y documento de identidad del cónyuge), domicilio, profesión, oficio o actividad principal y volumen de ingresos. Para el caso de persona jurídica: denominación, fecha de constitución, domicilio, actividad principal, nombres y documento de identidad de los socios o accionistas (o beneficiario final si corresponde), nombres y documento de identidad de los directores, copia autenticada del contrato social y número de RUT; documento que acredite la representación de la sociedad, identificando al representante, persona física o jurídica con los mismos datos que para el caso de persona física, y volumen de ingresos.

Otra información mencionada como ejemplo es búsqueda de antecedentes en fuentes públicas o privadas para determinar su posible vinculación con actividades ilícitas o su pertenencia a categorías de riesgo, información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial o la transacción a realizar, y explicación razonable y/o justificación sobre el origen de los fondos manejados en la transacción.

En todos los casos, el Decreto impone la obligación de hacer constar expresamente si el cliente actúa por cuenta propia o de un tercero y, en este último caso, identificar al beneficiario final, “tomando medidas razonables para verificar su identidad”.  Se entiende por beneficiario final a la persona física que es propietaria final o controlante de un cliente o en cuya representación se lleva a cabo una operación; comprende a aquellas personas que ejercen el control final sobre una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión u otro patrimonio de afectación.

Asimismo en el caso de personas jurídicas, en todos los casos se debe verificar su constitución y representación, identificar y verificar la identidad del representante, conocer su objeto social, giro habitual de negocios y estructura de propiedad y control.

El artículo 6 establece ciertos umbrales mínimos (2) para el caso de casinos
(U$S 3.000), personas dedicadas a compra y venta de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, cuando realicen operaciones en efectivo (U$S 15.000)
y rematadores (U$S 15.000).
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3) Procedimientos especiales

3.1. Clientes u operaciones de mayor riesgo

Se impone la obligación de intensificar el procedimiento de debida diligencia para ciertos casos de mayor riesgo, tales como los clientes no residentes - especialmente los que provengan de países donde no se aplican las recomendaciones del GAFI o no se las aplica correctamente-, operaciones que no impliquen la presencia física de las partes, utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato en las transacciones y en general todas aquellas operaciones que presenten las características de riesgo o las señales de alerta detalladas en las "Guías de transacciones sospechosas o inusuales" que emitan los respectivos organismos de control o la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (“UIAF”).

3.2. Sujetos Especiales

Se deberán definir procedimientos especiales de debida diligencia para:

a) personas jurídicas, en especial, las sociedades con acciones al portador;

b) fideicomisos, para determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales; y

c) personas políticamente expuestas, definidas como aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. 

3.3. Umbrales de debida diligencia intensificada para ciertas actividades

El Decreto establece umbrales para la debida diligencia intensificada en actividades específicas:

a) Inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, cuando el monto de la operación sea superior a los U$S 100.000 para transacciones que se realicen en efectivo y U$S 200.000 para transacciones que se realicen utilizando instrumentos bancarios.

b) Escribanos, cuando lleven a cabo compraventa de inmuebles o establecimientos comerciales, cuando su monto sea superior a los U$S 100.000 para transacciones que se realicen en efectivo y U$S 200.000 para transacciones que se realicen utilizando instrumentos bancarios.

c) Rematadores cuando efectúen ventas en remate público por un monto superior a los U$S 100.000 para transacciones que se realicen en efectivo y U$S 200.000 para transacciones que se realicen utilizando instrumentos bancarios.
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4) Disposiciones específicas para Escribanos

Los Escribanos deberán dejar constancia de haber aplicado las medidas de debida diligencia correspondientes en el instrumento que documenta la operación en la que intervengan (no de la información recabada).

En su caso, se establece a texto expreso la información mínima que se debe obtener y verificar. En este sentido, cabe destacar lo siguiente (entre otros muchos requisitos):

a) En el caso de sociedades anónimas con acciones al portador se deberá requerir el Libro Registro de Asistencia de Accionistas a las Asambleas, de donde surja la asistencia correspondiente a la última asamblea celebrada (nombres, apellidos y domicilio).

b) Tratándose de sociedades anónimas con acciones nominativas, si existe un accionista que posea más del 10 % del capital accionario, se debe proceder a su identificación requiriendo los mismos datos que a las personas físicas (incluyendo volumen de ingresos).

c) Tratándose de sociedades constituidas en el extranjero se deberá requerir entre otras cosas, certificado notarial legalizado y traducido del que resulten los datos del accionista requeridos para el caso de sociedades constituidas en Uruguay así como el beneficiario final.
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5) Conservación de registros

Los sujetos obligados deberán conservar los registros de todas las operaciones (incluyendo la información de conocimiento del cliente) por un plazo mínimo de cinco años después de concretada la operación o por un plazo mayor, si así lo solicitara la UIAF o el organismo supervisor.

Los registros de operaciones deben ser suficientes para permitir la reconstrucción de las operaciones y constituir elementos de prueba en sede jurisdiccional, en caso de ser necesario (principio del resguardo documental, cuya primera expresión surge del art. 73 de la Ley 17.016 de octubre de 1998).

Estos registros y la información sobre clientes y operaciones se deberán poner a disposición de las autoridades mencionadas, a su requerimiento.

A pesar de que el Decreto no lo establece, entendemos que los requerimientos sólo podrían ser relacionados con investigaciones de lavado de activos y por lo tanto, originados en juzgados Penales o de Crimen Organizado.
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6) Supervisión

La supervisión del cumplimiento de las normas por parte de los sujetos que no están bajo control del BCU estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la UIAF.
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7) Financiación del terrorismo


Los sujetos obligados deberán implementar procedimientos que les permitan detectar la existencia de bienes o transacciones vinculados con personas que hayan sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas confeccionadas por la Organización de las Naciones Unidas.
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8) Transporte de dinero, metales u otros instrumentos a través de la frontera

Se mantiene la obligación de declarar ante la Dirección Nacional de Aduanas montos superiores a US$ 10.000, previéndose que el Poder Ejecutivo -previo informe de la UIAF – podrá imponer una multa cuyo máximo podrá ascender hasta el monto de la cuantía no declarada así como el procedimiento aplicable.
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(1) Cuando lleven a cabo compraventas de inmuebles, administración de dinero, valores u otros activos o de cuentas, organización de aportes para creación, operación o administración de sociedades, creación, operación o administración de sociedades y compraventa de establecimientos comerciales. 

(2) El presente informe hará referencia a todos los montos en dólares, pero el Decreto establece en todos los casos que se considerará dólares “o su equivalente en otras monedas”.



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